Clientelismo en Panamá en Panamá

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Compra del Voto

Al abordar lo relativo a la emisión del voto, lo consideramos como lo más consagrado en esta operación para renovar a las autoridades.

Nuestra Constitución, en su artículo 2, remarca lo relativo al Poder Público y su emanación del pueblo, ejercido por el Estado conforme a esta Constitución y establecido, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

El poder público es la capacidad del Estado para ordenar y lograr que se cumpla un acto determinado.

Es el resultado de la convivencia humana a través de la autoridad y de sus instituciones, de donde dimanan los tres poderes mencionados en el párrafo anterior y la coactividad por medio de las leyes.

Todo esto tiene su génesis en la emisión del voto, expresado con el libre ejercicio del sufragio, en contraste con la poca importancia que se reviste en nuestra legislación electoral.

La ley protege parcialmente al votante, como lo anuncia el artículo 292 del Código Electoral, para impedir el arresto, su detención o constreñirlo ante diligencias civiles, comunales o policivas, antes de votar en un acto secreto en principio, pero vulnerado por deficiencias físicas del concurrente a las urnas, como ciegos y otros, razón por la que puede entrar al recinto acompañado por una persona de su confianza.

Pero la protección para evitar la compraventa de votos es inocua y ni siquiera es causal de nulidad, salvo lo plasmado por el artículo 339, también del Código Electoral, numeral 11, sobre la ejecución de actos de violencia o coacción contra los electores, si con ello se impide votar o se obliga a hacerlo contra su voluntad. Esta es una nulidad relativa y se circunscribe a la mesa en que exclusivamente ocurra la novedad.

Lo peor de todo es la combinación de los artículos 392 y 394 del Código Electoral, sobre la compraventa del voto, con las irrisorias penas e inhabilitación de funciones.

Este es un delito muy fácil de probar con los regalos a montones de hojas de zinc, alambre, puertas y cuanto objeto piden los votantes y entregan los candidatos o sus allegados antes de ejercer tal derecho.

La pena mínima oscila entre seis meses y dos años o con veinticinco a trescientos sesenta y cinco días-multas y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años, para el que vende; y el que compra, la pena de prisión es entre seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas entre uno y tres años de prisión.

El voto es la esencia de toda gestión encaminada en este sentido reformador. Torcer la intención del votante mediante estos fines, es desnaturalizar el deber de escoger a los gobernantes; es admitir la falta de valores; es reconocer una completa ausencia de dignidad. Nada se puede exigir de los seleccionados si pagaron por tal escogencia. Esta noble función tergiversada, se convierte en un negocio inmoral, cuyas consecuencias sumen a la sociedad en lo más bajo de toda relación de solidaridad y para los aspirantes, un negocio del que deben lograr el rédito sobre la inversión más la ganancia.

Debemos concientizar a los electores sobre la aberración que representa la compraventa del voto. Naturalmente que costará educar a una población acostumbrada a beneficiarse para esa gestión, con algo tan reprobable que a la postre les parece natural. Sobre esto, el día de las votaciones hay que arreciar en la medida en que avanzan las ocho horas destinadas para el ejercicio. En consecuencias, debemos hacer la lucha en todo el sentido de la palabra con una clara legislación. Hay que prohibir toda ayuda directa a la población individualmente y si el altruismo de los candidatos los eleva al sitial de las regalías, todas deben ser comunales.

La primera medida es la de abaratar los costos de las campañas. Se debe establecer un tope so pena de nulidad de la candidatura. Asignar los presupuestos sobre los precios y los gastos en las promociones, movilización y organización de cada candidato en función del cargo que desempeñen. Se debe vigilar toda regalía promovida por el partido, candidato, copartidarios, su familia y allegados de cualquier forma, antes o durante de las elecciones, como una obligación del Tribunal Electoral. A todo postulante que se le compruebe la transgresión de estas reglas, se le debe aplicar la nulidad de la candidatura sin menoscabo de la pena de prisión correspondiente.

Precisamente sobre la compraventa de votos y la pena de prisión, hay que aumentarla considerablemente, en consideración a la gravedad del acto. No debe existir la excarcelación, rebaja de pena o la transformación en días multa. Todo el acusado con las pruebas suficiente, debe mantenerse detenido desde que se compruebe el hecho punible y la vinculación hasta que espíe su culpa y cumpla la condena sin rebaja.

El día de las elecciones hay que instalar cámaras alrededor de los recintos de votación y lugares adyacentes para vigiar el comportamiento de los votantes; del mismo modo, el Tribunal Electoral, se debe apoyar en una policía electoral que debe estar facultada para solicitar la cédula de identidad a cualquier persona apta para votar y no portarla para esos momentos, debe considerarse un delito, a menos que compruebe que ya votó. Nadie puede cargar dinero en efectivo en cantidades superiores a la de subsistencia de una persona sin una justificación convincente. Las autoridades pueden allanar al instante, a las personas o lugares en donde se sospeche que hay posibilidad de la compraventa del voto, y para ello, se deben habilitar a funcionarios suficientes, al servicio de los partidos o los candidatos.

Clientelismo

En realidad, se trata de una modalidad introducida a la vida política electoral por la clase empresarial de nuestro país, que le sirvió para derrotar la fórmula caudillista de Belisario Porras, en el año 1924. Esta práctica, establece mercados para la compraventa del voto, pero con ello rebaja a meras relaciones mercantilistas la participación del pueblo en las decisiones de cuál tipo de instituciones, país, leyes, municipio o corregimiento queremos en Panamá.

Además, en esta lógica de participación política nos encontramos con varios tipos de participantes: Unos(as), que entregan su voto a quienes les facilitan artefactos electrodomésticos o bolsas de comida o materiales de construcción o una beca para ‘estudios’ o hasta dinero en efectivo en las campañas proselitistas. Esto, comúnmente se observa en los barrios de menores y medianos ingresos, en virtud de que sus votantes potenciales miran el momento como una de las oportunidades de obtener bienes que comúnmente no pueden adquirir.

Otros(as), ejercen su participación votando por candidatos(as) que le garantizan mantener y hasta aumentar salarios actuales, como es el caso de funcionarios(as) con remuneraciones por sus servicios y además, con ingresos de jubilación. O bien, la continuidad de sus contratos eventuales.

Otros(as), lo que indica que la cosa no solo es entre los(as) pobres, ‘invierten’ en la campaña, porque esperan réditos jugosos con una candidatura que les promete tal cosa, sin importar si esa propuesta política significa retrocesos en las políticas sociales para las mayorías. Por lo general, estos aportan para que sus candidatos(as) cuenten con el recurso suficiente en el mercado de votos.

Lo irónico de este comportamiento clientelista es, que los(as) dirigentes de los (ya no tan diferentes) partidos políticos, dicen estar en contra del mismo, pero se aprovechan de él. Quieren desterrarlo, pero han sido cómplices en la instauración de leyes y mecanismos, que viabilizan que los(as) millonarios(as) tengan excesiva ventaja. Esto, gracias a su complacencia en la eliminación de mecanismos de participación no solo territorial, sino sectorial, en las decisiones sobre temas relevantes en lo local o nacional, para dejárselo a la ‘buena fe’ de los(as) candidatos(as) elegidos(as).

Por lo demás, cuando los líderes(as) de los partidos que denuncian el clientelismo luchen por ese tipo de participación más allá de la escogencia de candidatos(as), estaremos viendo un verdadero desmoronamiento de su actual hipocresía partidocrática.