Infraestructuras Sostenibles

Infraestructuras Sostenibles en Panamá en Panamá

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Escribe Luis Eduardo Castañeda:

Panamá es el país con la mejor infraestructura de Latinoamérica (reporte World Economic Forum 2014-2015); sin embargo, no debemos seguir realizando inversiones millonarias bajo la tesis que ‘son necesarias’ o porque ‘quiero cortar esa cinta’ como suele suceder. Este tema, soslayado y muchas veces mal entendido, reviste importancia en estos momentos cuando el gobierno anuncia retomar nuevos mega-proyectos de infraestructura. Debemos replantear la forma y las normas legales bajo las cuales las planificamos y desarrollamos para garantizar eficiencia técnica, viabilidad financiera y pertinencia social no solo de la obra, sino de las actividades de construcción y operación.

Aunque no existe una definición unánime de infraestructura sostenible, una definición aceptable debe incluir ajustar la infraestructura a la realidad local, que consuma insumos y genere beneficios, eficientemente, y que cuente con recursos financieros para mantenerla al máximo de su rendimiento durante su vida útil.

Durante el mes de diciembre se celebró en Ciudad de Panamá un simposio internacional ‘Mega-Infraestructura Sostenible’, desarrollado por la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos (IAIA). Entre los aspectos que podemos rescatar de la experiencia panameña en contraste con los principios de sostenibilidad esbozados en el simposio, está el que un proyecto para que sea sostenible debe ser gestionado en un contexto de planificación integrada que asegure la incorporación con el medio social y con otras estructuras, tanto existentes como previstas, en su entorno. En lo social, los principios de sostenibilidad indican que deben existir mecanismos para mantener contacto continuo con las comunidades durante todo el ciclo del proyecto. Este contacto debe iniciarse con la planificación de la obra, mantenerse a través de la construcción y continuar durante la operación. Esto contrasta con el Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, el cual reglamenta la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) en Panamá, este decreto solo requiere la participación ciudadana durante la elaboración del EsIA, previo al inicio de la construcción, luego las comunidades quedan sin un mecanismo formal de participación durante el resto del ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente, los principios de sostenibilidad requieren contar dentro de la organización del proyecto con un mecanismo para atender y resolver quejas que puedan surgir de las comunidades o de partes interesadas. Sin embargo, la legislación panameña no requiere que los proyectos cuenten con un mecanismo de atención de quejas y son pocos los proyectos que lo implementan voluntariamente.

En lo ambiental, un proyecto de infraestructura sostenible reconocerá la integridad del ecosistema y las funciones afectadas se mitigarán para recuperar o compensar los impactos generados. En este sentido, una herramienta útil durante la construcción es contar con un sistema de gestión ambiental (SGA) que implemente los requisitos ambientales estableciendo procedimientos y responsabilidades dentro de la organización que construye la obra, para ejercer el control al evaluar y regular el desempeño ambiental de manera iterativa y aplicando mejoras continua de procesos, evaluando resultados de las medidas de mitigación y manejo ambiental. La legislación vigente no establece la obligatoriedad de gestionar las actividades de construcción a través de un SGA. En lugar de un SGA, el Decreto Ejecutivo 123 requiere que los EsIA describan las medidas de mitigación en un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que, como instrumento de gestión, es menos completo que un SGA, ya que solo debe contener los requerimientos de mitigación, seguimiento y control ambiental, pero sin el enfoque sistémico. Para contar con infraestructuras confiables, eficientes y capaces de lidiar con las condiciones cambiantes del entorno, debemos conjugar el talento de ingenieros, contratistas, Gobierno y ciudadanía en general. Sin embargo, es el gobierno quien debe liderar el proceso con legislaciones actualizadas y alineadas con principios de sostenibilidad, además de contar con la capacidad y voluntad de hacer cumplir las reglas.

El año pasado, la ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, ahora al frente del Grupo Albright Bridgestone, lo definió muy bien cuando al preguntarle ¿qué debían fortalecer los países para contar con infraestructuras sostenibles? Ella contestó que debían fortalecer tres cosas: el gobierno, el gobierno y el gobierno.

La sostenibilidad no es cuestión de azar. Las brechas que hay entre las prácticas internacionales y las nacionales deben cerrarse con una legislación actualizada, entendiendo y practicando la sostenibilidad en nuestros proyectos.

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