Ambiente en Panamá en Panamá
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El derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra entre la clasificación de los Derechos Humanos de tercera generación, conocido también como los Derechos de los Pueblos o Derechos de Solidaridad, lo cual debe sostenerse en el principio de Fraternidad y se inspira en la armonía que debe existir entre los hombres y los pueblos, entre estos y la naturaleza.
Estos derechos pertenecen a cada individuo y a la vez a los grupos sociales, a la colectividad en general al conjunto del pueblo e incluso a la comunidad internacional. Es una obligación fundamental del Estado con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegida de acuerdo con la Ley.
La Declaración del Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986 nos ofrece una explicación, más completa de lo que incluye el desarrollo que dice: ‘El individuo está, en virtud del derecho al desarrollo, facultado para participar, contribuir y disputar del derecho social, cultural y político en el cual todos los derechos humanos y las libertades fundamentales puedan ser íntegramente realizados’.
Este concepto implica que el desarrollo económico es un medio para promover los cumplimientos de los derechos humanos, por lo tanto el éxito del desarrollo económico no puede medirse solo sobre la base de los factores económicos, sino que es un proceso de mejoramiento de la Situación Económica, política, social y cultural, en la cual ese ser humano, es el sujeto, de ahí que la participación activa del conjunto de la población es vital para determinar el contenido del desarrollo deseado y de lo que conviene a nuestro país. Ningún panameño debe ni puede renunciar a esta responsabilidad; por lo contrario, estamos obligados a no dejárselo a los grupos económicos inescrupulosos o a persona alguna.
Libertad, autoridad y medio ambiente
Escribe Harley James Mitchell Morán:
“El entorno es muchas cosas para los habitantes del Istmo: Es el escenario donde se reflejan sus actividades sociales y espirituales y es la despensa de los recursos naturales renovables y no renovables que son utilizadas en la industria del país, donde según los indicadores económicos, siguen siendo las más importantes el tránsito interoceánico y la construcción. Con todo, numerosas otras actividades económicas, como el turismo, la pesca y la agricultura, dependen de ecosistemas saludables para su prosperidad.
Un examen de la legislación patria durante el Siglo XX, demuestra que por mucho tiempo, los recursos naturales se legislaban como de libre aprovechamiento. Esto, con matices, cambia durante la década de los años sesenta, cuando se consolida una fuerte institucionalidad rectora de éstos, la cual ha cambiado paulatinamente, desde la jurisdicción del derecho de los recursos naturales, hasta una legislación ambiental que hoy abarca un doble cometido: La conservación de los ecosistemas y el alcance del desarrollo sostenible, entendido éste como la satisfacción de las necesidades de la actual generación, sin perjuicio del derecho que tienen las futuras generaciones de hacer lo mismo.
La institucionalidad actual prohíbe, en una multiplicidad de normas jurídicas, aquel libre aprovechamiento, sobre la madera, las especies de vida silvestre, terrestres y acuáticas de todo tipo, el mar y sus riberas, las aguas, la piedra, cascajo, arena submarina, el espacio mismo cuando afecte al ambiente, la utilización del agua, la tierra o el aire para el desecho de residuos, el entorno y respeto a las costumbres de las poblaciones indígenas. Éstos y muchos más valores que tienen que ver con los ecosistemas y elementos asociados, están condicionados a uno o varios tipos de permisos, lo cual restringe la libre voluntad de los particulares con respecto a la posesión, uso, usufructo y disposición de los recursos naturales de todo tipo.
Lo anterior, suele entrar en conflicto con la libertad de acción de las personas, no importa su clase social o etnicidad, que tiende al uso y explotación libre de estos elementos del entorno, aún bajo la conciencia de que desde hace varias décadas, son de dominio público y por tanto, se condicionan a las decisiones estatales. Esta situación suele sorprender a quienes desde las comarcas, el campo o los centros de poder locales y estatales, por memoria genética, acostumbran o aspiran a esta utilización libre, adversando la posición estatista, máxime si la búsqueda de un permiso cualquiera siempre se condiciona a las diversas frustraciones provocadas por la burocracia pública.”
El derecho a un ambiente sano
Escribe Javier Hurtado Yow:
“Si todas las personas tienen derecho a la libertad y a la igualdad, disfrutando de satisfactorias condiciones de vida, entonces, es ineludible garantizarles un medio ambiente sano cuya calidad les permita vivir en bienestar y dignamente.
Según la legislación panameña, el ambiente es un ‘conjunto de elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante interacción y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones ‘. (Ley 41 del 1 de julio de 1998, General del Ambiente).
En el Título III de la Constitución, se señala que todos tenemos Derechos y Deberes de carácter Individual y Social y, en particular, aquellos derechos establecidos en el Régimen Ecológico Panameño que, entre otras cosas, tratan sobre el deber fundamental del Estado de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.
Mas, las condiciones de vida en Panamá (y en toda Latinoamérica), son lejanas a las condiciones dignas medioambientales reconocidas legalmente por el Estado. A través de proyectos de generación de energía, de extracción minera, comerciales de infraestructura y habitacionales, hoy por hoy, las tierras están siendo explotadas en forma intensiva hasta agotarlas. Cuando ya carentes de recursos y espacios naturales, los ciudadanos migran a zonas urbanizadas, inestables y/o contaminadas.
Entonces, en un país como Panamá, ¿quién controla las condiciones propicias para mantener un medio ambiente sano? Si bien todos los ciudadanos tenemos deberes con el ambiente, la mayor parte de esta responsabilidad, sin temor a equivocarnos, está en la élite económica; es decir, los altos dirigentes de las más grandes empresas, que personifican la clase dominante en nuestra sociedad y que gestionan los proyectos con impacto ambiental que se desarrollan en nuestro territorio.
La normativa ambiental es percibida por muchos dirigentes empresariales como perjudicial, pues frena la inversión en sectores claves para la economía. Sin embargo, todo proyecto comercial de desarrollo, con impacto ambiental en áreas definidas, que se lleve a cabo en Panamá, se justifica por su porvenir económicamente exitoso y se le vende al pueblo como la más rápida promesa económica de empleo. Esto, lejos de ser mal visto, se vende muy bien ante los ojos de la mayoría de los panameños.
Si esto es así, entonces, es necesario implicar la economía panameña en el marco del desarrollo sostenible, a fin de asegurar un crecimiento perenne, económica y ecológicamente apto para nuestra sociedad. La protección de un ambiente sano puede reposar sobre valores, tanto conservacionistas como progresistas, partiendo del pensamiento de que este movimiento es portador de las dos tendencias. Entonces, es necesario establecer nuevos arreglos sociales que sirvan de base para comprender la visión de este nuevo mundo que se impone poco a poco en Panamá y los posibles lugares de compromiso entre los ecologistas y la élite económica.
Los actores de presión económica están involucrados cada vez más activamente en las políticas de impacto ambiental y de desarrollo sostenible para un ambiente sano. Esto, además, compromete a científicos investigadores en ecología a buscar estrategias para introducir sus capacidades de reflexión al servicio de un enfoque sobre las finalidades de los procesos administrativos.
Es necesario reconocer los balances y las asimetrías de poder entre los actores precisos de la gestión ambiental del país, a fin de evitar una visión armoniosa y ficticia del funcionamiento de las organizaciones de nuestra sociedad.
No hay que olvidar que en toda política de desarrollo sostenible con manejo socioeconómico y ambiental, para el desarrollo de áreas definidas, la sociedad civil tiene derecho a ser tomada en cuenta para tomar una decisión final. Aunque en realidad esto no ha ocurrido frecuentemente en América Latina. Esta es una situación donde nuestros citadinos, campesinos e indígenas pierden oportunidades como actores relevantes y se crea una debilidad en el pueblo que puede generar grandes amenazas.
Finalmente, si la gestión del derecho a un medio ambiente sano es, en principio, un deber entre los grupos de presión económica, después de las administraciones públicas y las instituciones internacionales, así como de la sociedad civil, entonces, el derecho a un ambiente sano viene a ser un deber de todos.”
Sin embargo, en nuestro querido Panamá en los últimos años se ha contribuido a someter al planeta en una tensión intolerable producto de la deforestación, la destrucción de hectáreas de mangles y manglares, corales, etc.; por otro lado, las termoeléctricas de carbón, la proliferación de torres de antenas de celulares en medio de áreas residenciales y, por supuesto, la explotación minera de cielo abierto. ¿Y qué decir de los efectos por el deterioro de los ecosistemas y la amenaza al medio ambiente, los desastres naturales, inundaciones, sequías, el aumento frecuencia de las lluvias, el problema del abastecimiento del agua potable? Estos factores ponen en peligro la vida humana y al país que le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos o las generaciones que nos sucederán. Otros de los derechos de los pueblos es de disponer de alimentos sano, no contaminados y a disponer de agua y aire puros; desde luego el derecho al desarrollo económico sustentable o sostenible, término adoptado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y que lo define como el ‘desarrollo que aborda las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para enfrentar sus propias necesidades’.
Ante esto, es necesario educar, capacitar y formar, masivamente y de manera coordinada, desde la academia, el Gobierno, el sector No Gubernamental, así como los demás sectores desde sus riquezas y diferencias ideológicas, a todos los panameños en las necesidades de conservación ambiental, reconocidas en la Constitución Política de la República, mientras esto se equilibra con un cambio cuantitativo y cualitativo en la gestión gubernamental y los individuos para administrar con eficiencia y respeto aquel capital natural, amenazado físicamente ante el conflicto ideológico entre los deseos de libertad de acción natural del ser humano y las restricciones propias de su naturaleza agotable del que directa o indirectamente todos los panameños formamos parte.