Carrera Administrativa en Panamá en Panamá

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La selección correcta de los servidores del Estado, por su especialización, su consagración y en atención a sus derechos y deberes es lo que conocemos como Carrera administrativa. Se trata de un sistema de administración del recurso humano que permite la selección de miles de profesionales mediante la puesta en valor del mérito, la competencia, la ética y la eficiencia.

La Carrera Administrativa se fundamenta en dos ideas. La primera, es un sistema donde el funcionario público eficiente y con méritos, crece y permanece. La segunda, aún más importante: un funcionario público eficiente y que ha crecido en base a méritos, brindará un excelente servicio a todos los ciudadanos que atiende.

“Los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no al servicio de un partido o bando político” , dijo con mucho tino el excelso jurista José Dolores Moscote. Por ello no consideramos como justo el que algunos panameños, que por muchos años merecen respeto profesional en el servicio público, sean pisoteados cuando se les permite el ingreso a funcionarios mediante un mecanismo especial a la Carrera Administrativa.

Lo que ha sucedido, y esperemos que no suceda más, es que la administración anterior invirtió sus primeros dos años de mandato en destituir a una gran cantidad de funcionarios públicos, importándole poco que la inmensa mayoría de los servidores públicos tuvieran muchos años de servicio responsable y productivo al servicio del Estado, porque su único interés era nombrar en su lugar a los partidarios adeptos. Este comportamiento es natural para los políticos tradicionales que entienden la política como una oportunidad de servirse del gobierno, en lugar de servir al pueblo.

Pero el colmo se dio a finales del 2008 cuando el PRD, avizorando su derrota electoral, encontró la manera de favorecer a copartidarios y amistades incompetentes, realizando una reforma que pisotea el propósito real y el espíritu de la Ley de Carrera Administrativa.

Así se le coartó la posibilidad de ingreso a la Carrera Administrativa a un importante número de funcionarios públicos, con años de antigüedad, que fueron destituidos por el vaivén político.

De esta manera una ley buena y necesaria, que protegía a los servidores públicos, sobre todo a los buenos funcionarios, quedó ridiculizada cuando violaron la génesis de la ética y la moral al meter en la Carrera Administrativa a gente sin los méritos, mancillando la responsabilidad y la trayectoria de miles de panameños que realmente merecen estar dentro de un sistema que los respete como profesionales.

El servidor público ante todo es un ciudadano, y merece respeto a su persona y su profesión, porque realiza funciones que nos benefician o afectan a todos. Exigimos que el error se corrija y que podamos trabajar juntos, con una genuina igualdad de oportunidades para todos.

Servicio Civil

Mireya Lasso escribe:

“El servicio civil es un anhelo consagrado en la Constitución. Ningún Gobierno deja de aclamar las bondades de un sistema que no solo provea seguridad económica, sino que también permita el desarrollo profesional y el ascenso a niveles superiores de la administración pública en base a los méritos propios del individuo.

Hoy se retoma el concepto y ha sido incluido en la agenda legislativa adoptada por la mayoría de diputados que componen la última alianza política parlamentaria. Sin embargo, llegar a un consenso sobre la filosofía y el contenido de una ley sobre el tema debería ser más fácil y factible que ponerla en ejecución y administrarla adecuadamente, de suerte que rinda los frutos deseados sin que quede desdibujada en el camino.

Muchos intereses partidarios entran en juego y en consideración para viciar todas las buenas intenciones que pudieran existir. En 1994, después de muchos meses de amplias consultas y estudios, se presentó a la Asamblea un proyecto de ley de carrera administrativa y se logró la aprobación de un marco general de una ley que le diera esa estabilidad al funcionariado. Por falta de tiempo adecuado en las postrimerías de un Gobierno de salida, no se inició de inmediato la incorporación de funcionarios al nuevo sistema y se optó por dejar esa tarea al nuevo Gobierno. Lamentablemente nada se hizo en firme; solo hasta el último año fue cuando rápidamente se trató de dejar algunas dependencias amparadas bajo el régimen del servicio civil.

Durante los siguientes años ocurrieron las previsibles consecuencias de la falta de la puesta en marcha de la ley aprobada en 1994, hasta llegar al inicio del anterior Gobierno, cuando en el 2009 se desarticuló en efecto el régimen de la carrera administrativa y se anularon todas las incorporaciones hechas desde el 2007.

El resultado de estos ejercicios es que el funcionariado se encuentra en estado de inseguridad, aspirando solo a una indemnización decretada en caso de despido. Su estabilidad y fuente de ingresos depende de la voluntad de las autoridades superiores.

El acuerdo logrado por la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional permite albergar un optimismo reservado sobre la posibilidad de romper con prácticas pasadas y acabar con la costumbre de utilizar a los 200 000 funcionarios como monedas aprovechables en tiempos políticos. El tema es apetitoso para las campañas electorales.

Todos debemos cerrar filas y apoyar una iniciativa como la que se contempla. Dotar al ciudadano de auténtica oportunidad para ingresar al servicio civil, gracias a su preparación y no al compadrazgo o amiguismo político; y al funcionario, de la seguridad de poder hacer carrera en la administración pública, serían pasos firmes para modernizar el Estado. Con esas premisas, la burocracia estatal debería funcionar con la honestidad y con la eficiencia básica que proveyera los servicios que la ciudadanía demanda. Sería como una maquinaria eficiente que marcharía a velocidad satisfactoria para todos, pero en la dirección que cada gobernante escoja enrumbarla.

Ahora la intención surge nuevamente, luego de antecedentes frustrados y frustrantes en el pasado. Sería necesario complementarla con una ley general de sueldos, que disponga remuneraciones uniformes que dependan del nivel de responsabilidad de cada posición, y con una ley que disponga la simplificación de todos los trámites burocráticos para reducir el costo económico y social involucrado en los trámites que se deben cumplir en cualquier oficina pública. Les haríamos la vida menos complicada y más feliz a los panameños.”

Historia

Uno de los esfuerzos más importantes para modernizar la práctica de la Carrera Administrativa se dio en la gestión de Pérez Balladares. A través de la Ley reguladora de junio de 1994, el Gobierno fijó las normas científicas para la selección del personal con el interés de modernizar sus recursos humanos. La idea del Estado de crear una “carrera” para el servidor público data de principios de la República dirigida a conservar y proteger al personal más apto y capacitado y permitir que la acumulación de su experiencia facilite la administración de la Cosa Pública.

La “carrera” como concepto no es otra cosa que permitir al funcionario público seleccionado hacer de su trabajo una profesión estable, permanente y elevar su dignidad, condicionada “por la competencia, lealtad y ética, evaluación de su rendimiento y eficiencia a través de la capacitación y el desarrollo”. No debemos equivocarnos con otras “carreras” públicas surgidas de las largas luchas de sus organizaciones que dieron paso a una necesaria estabilidad. Ese es el caso de quienes trabajan en el sector judicial, docente, diplomático, sanitario y policial.

Los posteriores gobiernos suspendieron esa práctica, en el caso de la Gestión Moscoso, o la sustituyeron, en el caso del presidente Torrijos, por una simplista carrera clientelar. Con ello afectaron seriamente la modernización del recurso humano del Estado, dando por resultado una administración ineficiente, tolerante y llena de impunidad. El período de Torrijos está pleno de grandes iniciativas y de reconocidas realizaciones. La política benéfica de ese quinquenio es loable, pero la naturaleza clientelar de su gestión, producto de las presiones de los “caciques” del partido, entre otras cosas, deformaron el aparato del Estado, alteraron su capacidad ejecutoria y sustituyeron todo el contenido de la Carrera Administrativa, para darle paso a la política de agradecimiento por favores.

En el período del Congreso del PRD, luego en sus primarias y posteriormente en la campaña electoral, el Gobierno nombró cerca de 18 mil panameños. Un tema humano delicado de abordar. Se trata del sustento de miles de familias que angustiadamente esperan el resultado de una investigación sobre su calidad y productividad administrativa.

¿Cómo quisieron tapar esa deformación, nuestros queridos dirigentes? Modificando la Ley, reduciendo el período de observación de la gestión del funcionario, eliminando los exámenes de selección y mérito y pasando esos miles de funcionarios, producto de la lucha intestina en el aparato político de dirección, a la Carrera Administrativa. El gremio, que ahora se escandaliza por esa situación y que fue complaciente ante tamaña irresponsabilidad, se ha quedado sin la autoridad moral para defender la estabilidad de esos funcionarios. No se trata de rectificar estos hechos eliminando al personal surgido de esta absurda decisión. Lo más sensato es restablecer y mejorar la legislación sobre el tema. Que el personal que ingresó en los últimos 16 meses sea evaluado y determinar así su competencia y capacidad en el cargo que ocupa. Instruirlos, en la medida de lo posible, y reubicar sus funciones, para eliminar el “apiñamiento” y la doble y triple función del personal que encarece el gasto público.

La administración Torrijos-PRD dio pie para que este equivocado concepto continúe cobrando fuerza en la sociedad, al aprobar la Ley 24 de 2 de julio de 2007. Esta norma, que reforma la Ley de Carrera Administrativa, establece en su Artículo 14 la incorporación automática, sin verificar si reúnen los requisitos mínimos para el cargo y sin concurso, de todo servidor público en funciones que a la fecha de entrada en vigencia de dicha Ley haya laborado por dos años o más en forma ininterrumpida en la Administración Pública. Este artículo, inicialmente transitorio, se hace permanente al establecerse en el Artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 44 de 11 de abril de 2008; ambas normas fueron impuestas ya casi al final de su mandato.

Esta normas son contrarias al espíritu del texto constitucional que sustento la creación de las diferentes carreras públicas. Esto queda claro al observar que el Artículo 300 de la Constitución, establece que: “los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; la estabilidad de sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio”.

Salta a la luz, entonces, que el objetivo real de las reformas era, ante la inminente derrota electoral del PRD, procurar la permanencia en los cargos de aquellas personas que fueron nombradas por ese partido. Ellas permitieron el ingreso forzado al régimen de Carrera Administrativa de más de 32,000 servidores públicos durante la administración Torrijos-PRD, no en base a sus méritos, sino en base a la afinidad político-partidista.

Las modificaciones perjudican a los servidores públicos, al instaurar un privilegio para un grupo de servidores, que debe su ingreso al régimen de Carrera Administrativa a factores ajenos a los méritos. Además, al tener una clara motivación política, producen frustración a los servidores públicos y los desmotiva, porque en la Carrera Pública la estabilidad debe ser el resultado de la valoración de los méritos ganados, en base a la capacitación permanente y al comportamiento correcto en el ejercicio de los cargos.

Finalmente, las reformas impuestas, promovieron el clientelismo político. Crearon ineficiencia y permitiendo que los intereses personales y partidistas se pongan por delante de los intereses del país, al utilizar en beneficio propio los recursos que debieran estar al servicio del pueblo panameño.

En resumen, el espíritu fundamental de la Ley original era procurar que el servidor público mantuviera un permanente espíritu de superación y un comportamiento personal acorde son sus responsabilidades.

Analisis

A la justificada incertidumbre del trabajador, se suma la suspensión manifiesta del crédito bancario y algunas entidades comerciales que buscan así preservar sus intereses. Esta situación está tácitamente prevista en la implementación de la Carrera Administrativa, que pretende darle estabilidad al funcionario público, que en base a la certeza de un trabajo puede programar su presupuesto y cumplir con las deudas contraídas.

Sin embargo, podemos señalar que esa intención primaria de la Carrera Administrativa comenzó a desvirtuarse en el 2000, cuando el Ejecutivo ordenó la suspensión de los efectos de la ley que la crea, desprotegiendo así a quienes estaban amparados por ella, muchos de los cuales fueron destituidos, incluyendo a quienes habían apoyado al mandatario de turno para que llegara al solio presidencial. Durante esa administración ningún funcionario fue acreditado.

En su oportunidad, el ex-presidente Martín Torrijos reinició la vigencia de la DIGECA conjuntamente con la Junta Técnica y la Junta de Apelación y Conciliación, que en acciones sucesivas, acreditaron a miles de funcionarios, independientemente de su filiación política. También se ordenó el reintegro de otros que habían sido destituidos ilegalmente.