Políticas públicas en Panamá en Panamá
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Políticas públicas y crimen organizado
Sectores vinculados al gobierno y a sus estamentos de “seguridad” señalan que el crimen organizado ha creado en Panamá una crisis social de envergadura. Además, apuntan a que el crimen organizado está creciendo. Agregan que el mejor contrapeso a esa enfermedad es una ciudadanía organizada. Los mismos dicen que hay que “sacar a los maleantes de la sociedad, sacarlos de la calle”. Sin embargo, las mismas autoridades gubernamentales legislan en forma sistemática en contra de la ciudadanía y a favor del crimen organizado.
Algunos expertos dicen que es necesario prevenir y buscar la causa del crimen. Dicen que es necesario buscar la causa en la estructura de la familia. Según estos especialistas, la familia bien constituida produciría ciudadanos íntegros. Tienen razón quienes dicen que es necesario buscar las causas del crimen. Sin embargo, se pierden cuando señalan que la víctima de la desorganización social —la familia— es la causa del problema. Hay que buscar las causas del crimen en otro lugar.
Las causas del crimen organizado en Panamá son las políticas públicas que aplican sistemáticamente los gobiernos. La desorganización social de los diferentes sectores sociales es consecuencia de las leyes que se aprueban en la Asamblea de Diputados y son ejecutadas por el presidente de la República. Leyes contra las organizaciones de los trabajadores, contra los productores agrícolas, contra los estudiantes, contra las amas de casa, contra los pequeños propietarios y tantas otras.
Estas leyes debilitan el tejido social de la familia, de la comunidad y del país. A su vez, le permiten a quienes especulan con las riquezas nacionales apropiarse de la producción de los panameños mediante la violencia, la corrupción y utilizando las mismas leyes que se crean para ese fin.
Los gobiernos panameños han desarrollado políticas públicas que contribuyen al aumento del crimen y de la corrupción. Entre las políticas públicas más notorias en este sentido ha sido la flexibilización de la fuerza de trabajo. Paralelo a la flexibilización, aparecen la desregulación y la llamada “ apertura ”. ¿Qué efectos han tenido estas políticas públicas sobre la estructura social panameña?
Estas políticas que debilitan la estructura social panameña son complementadas con espectáculos como la “ Gran caminata por la seguridad ciudadana ” realizada el domingo pasado en la ciudad de Panamá. Encabezada por el presidente de la República, la marcha que debió haber enviado un mensaje claro al país a favor de la paz se convirtió en un “ show mediático ” sin mayor contenido.
Para enfrentar el crimen organizado se necesita una sociedad con grupos sociales consolidados, organizados y decididos a tomar acción. Se necesita una dirección política (gobierno) conocedora de las causas de la crisis y con la valentía para enfrentar los retos que presenta el crimen organizado. En la actualidad, sin embargo, los grupos sociales son desarticulados por la legislación que les secuestra sus familias, les destruye sus fuentes de trabajo y desarticula las redes sociales de las comunidades. Además, convierte a los gobernantes en presas fáciles para caer en las trampas del crimen organizado.
Hemos enumerado algunas de las malas noticias. Pero también hay buenas noticias. De la misma manera que se ha legislado en forma negativa durante los últimos lustros, se puede revertir esa tendencia y comenzar a promover leyes que pongan fin al crimen y destruir sus tentáculos. Por un lado, leyes que estabilicen el trabajo (en contra de la flexibilización). Además, leyes que regulen las actividades económicas en el país. Igualmente, una legislación que respete las riquezas del país y las ponga al servicio de los panameños.
Políticas públicas y demandas sociales
Producto de las políticas de ajustes estructurales, la reducción de la participación del Estado en la economía y el reemplazo del modelo de sustitución de importaciones, nuestro país ha visto inundado su mercado con productos importados, resultado de la eliminación de barreras arancelarias que protegían la industria nacional, fundamentalmente la producción agrícola y pecuaria, con el pretexto de hacerlas más competitivas, así como disminuir o eliminar la pobreza.
Sin embargo, este contexto de libre mercado y su enfoque de equilibrio mediante la implementación de controles en el gasto gubernamental, reformas fiscales, fomento de la inversión extranjera y privatización o concesiones de empresas públicas como estrategias para eliminar distorsiones existentes en el mercado y así favorecer al consumidor, ha sido un fracaso.
Los productos han aumentado de precio, mientras los salarios, han permanecido inamovibles. De igual manera, los controles en el gasto gubernamental han sido un sueño. Las medidas de control del gasto tienen validez como subterfugio de los gobernantes, a fin de impedir o limitar una política seria de cargos y salarios, en el sector público, que reconozca el mérito y la competencia de funcionarios con vocación de servicio y experiencia comprobada, que han sostenido el aparato gubernamental, pese a los desmanes y malversaciones de fondos públicos.
El presidente Martinelli anunció el aumento del salario mínimo sectorizado por zonas, rango de actividad económica y tipo de ocupación, a partir de enero de 2010, acción que mejorara el ingreso de 250,000 trabajadores. La medida considera un rango menor para la actividad agrícola y pequeña empresa, de manera que se proteja y promueva el empleo en ese sector. Aún cuando esta medida parece oportuna, es necesario reflexionar sobre sus consecuencias inmediatas, pues, al estar liberado el mercado, los precios continuarán su espiral de aumento, perjudicando a quienes mantienen los salarios estancados, entre $400 y $1000.
A este panorama se suma la urgente necesidad que el gobierno determine políticas sostenibles en materia energética e hidrocarburos, dirigidas a eliminar los monopolios y oligopolios existentes, permitiendo extremados márgenes de ganancia a petroleras, comercializadoras y productoras, de forma que garanticen a los consumidores protección contra los especuladores; de lo contrario será improbable obtener una disminución en los precios de los productos de la canasta básica, bienes y servicios, prometidos en campaña. De no lograrse una solución coherente y compatible que dé solución a las demandas sociales, la alternativa viable será la renacionalización de empresas vitales para el desarrollo nacional.
Política pública integrada en materia de infraestructura, transporte y logística
El diseño de una política pública integrada en materia de infraestructura, transporte y logística es una necesidad prioritaria para Panamá, porque por medio de esta política pública se creará una plataforma de ventajas competitivas que colocarán a Panamá como país de soluciones integrales de valor agregado al comercio internacional en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. La infraestructura, el transporte y la logística han sido temas que se han tratado en Panamá de manera aislada, unilateralmente y desasociada; y no como un conjunto integrado de actores que intervienen en el desarrollo y crecimiento de la economía de nuestro país. Cada uno de estos aspectos se ha ido desarrollando de forma desligada una de la otra, es ahí donde está el eslabón débil de la cadena de servicios logísticos y de transporte que puede ofrecer Panamá al comercio mundial al no poseer una política integrada en estos tres aspectos: infraestructura—transporte—logística.
Hay países que han salido adelante y vieron la necesidad de diseñar e implementar políticas de Estado para hacer frente a la creciente demanda del mercado mundial en los temas de: servicios logísticos, de transporte y de infraestructura. De acuerdo a estudios realizados por La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los países que ya han establecido políticas públicas para incrementar sus ventajas competitivas son: Corea del Sur, España, Finlandia, Alemania, Unión Europea, Holanda y Colombia.
La tendencia de los países es la de establecer políticas integrales en la tríada de infraestructura—transporte—logística, elementos que no se pueden deslindar una de la otra, y Panamá puede tomar las experiencias de los países que ya la han implementado e iniciar el camino hacia el diseño de la política pública integrada en infraestructura, transporte y logística y de esta manera potenciar todas las ventajas estratégicas que posee y que tendrá con el avance de proyectos de alto nivel como la Ampliación del Canal y la creación de zonas especiales de desarrollo económico que traerán consigo más ventajas para el país, pero que para garantizar este crecimiento se requiere una política pública que de los lineamientos y directrices para un desarrollo conjunto e integral de la triada infraestructura—transporte—logística y que sean tres pilares fuertes en el desarrollo económico sostenible del país.
Los pilares de la plataforma logística actual de Panamá son: Canal de Panamá (base de la plataforma), puertos en el Atlántico y Pacífico (manejados por operadores extranjeros), ferrocarril interoceánico, zonas especiales como la de Panamá Pacífico y la Zona Libre de Colón, y en el plan de desarrollo nacional se incluye: 1) Interconectar la parte vial, extendiendo la autopista Panamá—Colón hasta los puertos. 2) Mejorar la infraestructura entre los puertos y de la Zona Libre de Colón, además de ampliar la Zona Libre, 3) Extender el Corredor Norte hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 4) Infraestructura adecuada con acceso expedito del Aeropuerto de Carga de Tocumen a la autopista Panamá—Colón y a los puertos del Atlántico. 5) Interconectar el área de Panamá Pacífico al puente Centenario y a la autopista Panamá—Colón, que son ya iniciativas o planes que sustentan la necesidad y son muestra clara de las potencialidades con que nuestro país cuenta, falta que se establezca una agencia principal que sea la cabeza visible, lidere el esfuerzo y se encargue de consolidar las instituciones de los sectores de transporte (AMP, ACP, puertos, ferrocarril, aeropuertos, servicios de camiones), infraestructura (MOP, inversiones privadas) y logística (3PL’s, Zona Libre de Colón, zonas especiales económica) para impulsar de manera simultánea una economía competitiva y que la misma se logre mediante la base de buena infraestructura, buen transporte y buenos servicios de logística orientados a la integración del territorio y de esta manera potenciar a Panamá como el ‘Hub de las Américas’.
Panamá tiene vocación global y está posicionada como ninguna otra en la Región para obtener los mayores beneficios del mundo moderno. Es una enorme ventaja y a la vez un extraordinario reto que requiere de un liderazgo político altamente capacitado, en estrecha sinergia con funcionarios públicos eficientes y preparados; una sociedad civil formada y altamente participativa, y sobre todo ideas, propuestas, proyectos, alternativas; en fin, soluciones altamente innovadoras que sean implementadas haciendo acopio de capacidades, tecnología en los límites del conocimiento y transparencia.
Indudablemente se ha avanzado mucho en la gestión del Estado panameño, pero llegó la hora en Panamá de institucionalizar un espacio dedicado a la cuestiones de la gobernación: ese es el Centro de Políticas Públicas y Transparencia creado por la Universidad de Panamá.
Este nuevo Centro articula su propuesta partiendo de la premisa según la cual la participación ciudadana instruida es fundamental para hacer más democrática la democracia, por lo tanto tiene sus puertas abiertas a todos los integrantes de la comunidad universitaria nacional, del liderazgo político, funcionarios públicos, empresarios privados, activistas sociales, y en general a la sociedad civil. Desde esa misma perspectiva tiene vocación independiente y abierta a todas las ideas.
Su misión es formar localmente capital humano de óptima calidad en cuestiones de gobierno y diseñar, proponer, implementar y evaluar políticas públicas que requiere la democracia presente y futura de Panamá, por lo que aspira convertirse en un socio estratégico de las instituciones oficiales y privadas, los organismos multilaterales y la cooperación bilateral en el diseño e implementación de los diferentes proyectos que redunden en beneficio de la mayoría de los panameños.
El Centro de Políticas Públicas y Transparencia no es un centro de pensamiento tradicional, sino más bien un articulador de soluciones que está más cerca del cómo gobernar para alcanzar los resultados deseados. Nos asiste la idea de que esta tarea se ha convertido en una labor harto complicada y de alta exigencia intelectual, que debe legitimarse constantemente, y permanentemente está en búsqueda de estabilidad y eficiencia. El ser operador político es también una actividad que por diferentes razones no goza del mayor prestigio en el Continente y puede llegar a ser ingrata. Pero, huelga decirlo, sustenta nuestra vida societal y condiciona el presente y futuro de los ciudadanos. Por lo tanto, uno de los objetivos del Centro es dignificar la actividad política aportándole conocimiento.
Identificar y responder oportuna y acertadamente a los requerimientos de la ciudadanía para generarles mayor calidad de vida con acceso efectivo a los bienes públicos; fomentar la participación arbitrando convenientemente los conflictos lógicos que generan los diferentes intereses entre los actores estratégicos y los de las mayorías, respetando las reglas de juego y el Estado de derecho; preveer apropiadamente los posibles impactos que la globalización acarrea y acarreará en su gestión pública; mirar siempre al futuro, habiendo aprendido y entendido las lecciones del pasado, y todo ello de la mano de una transparencia incuestionable, son simple y sencillamente algunos de los rasgos característicos del reto inmenso que debemos afrontar para ofrecer una formación de altura a nuestros gobernantes presentes y futuros y a todos los niveles: nacional, regional o local, para que puedan cumplir responsablemente las funciones para las cuales han sido o serán electos.
El camino es largo, no exento de dificultades, pero la Universidad de Panamá dio un primer paso.
Para que un país alcance un nivel próspero de desarrollo debe funcionar de manera integral, todos sus miembros (gobierno nacional, instituciones públicas, empresas privadas y su población) deben estar encaminados con una misma visión de desarrollo y progreso. Es por ello que si un país quiere desarrollo, hace el esfuerzo necesario para alcanzarlo, esto es posible mediante el establecimiento de políticas públicas que garanticen ganancias a todo el conjunto de la sociedad de manera equitativa y no a un pequeño grupo de esta.
Panamá, por su estratégica posición geográfica, ha sido desde siempre un país con ventajas estratégicas que hasta la fecha no han sido desarrolladas y potenciadas en su totalidad, debido a la ausencia de políticas públicas integradas que garanticen un continuo y sostenible desarrollo de actividades como el transporte y la logística. De acuerdo al Informe Económico y Social 2010 del Ministerio de Economía y Finanzas, la economía creció 7.5% respecto a 2009, además se identificaron como los sectores más dinámicos de 2010 el transporte, almacenamiento y comunicaciones con un crecimiento de 15.5%, por las siguientes razones: por el mayor movimiento portuario, tanto de carga como de pasajeros, así como por la mayor cantidad de pasajeros que transitaron por los aeropuertos y las telecomunicaciones, que avanzan a la velocidad de los cambios tecnológicos. Esta información certifica que Panamá tiene oportunidades y el potencial necesario para crecer de manera competitiva e integral en los sectores transporte y logística, que son motores de crecimiento para la economía del país.