Seguridad ciudadana en Panamá en Panamá
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En el lenguaje político y académico se ha puesto de moda la figura de la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir? Hay que asociar esta noción con los derechos y deberes del ciudadano. En primer lugar, entre los derechos se destaca el de elegir a sus gobernantes y a ser bien representado. (También incluye el poder de ser elegido). En segundo lugar, entre los deberes se encuentra el respetar las reglas sociales que el ciudadano contribuyó a crear.
Cuando los ciudadanos hacen valer sus derechos y cumplen con sus deberes, se puede hablar de seguridad ciudadana. En el caso de Panamá, en la actualidad tenemos un sistema político que convoca a los ciudadanos a elegir sus mandatarios cada cinco años. Sin embargo, hay un sentimiento generalizado de que la seguridad ciudadana no existe. Entre cada elección que se convoca hay un incremento de la violencia, aumenta la corrupción en la esfera pública y en sector privado, y se consolida el crimen organizado.
Como consecuencia, los ciudadanos a sus gobernantes pero no se sienten representados. Al mismo tiempo, la ciudadanía trata de respetar las reglas, pero es desbordada por una clase política atrapada en una compleja red de tráfico, de blanqueo y corrupción.
En los últimos 20 años este estilo de gobierno fue glorificado por los ideólogos neo—liberales que predicaban el “fin de la historia” y la sociedad del riesgo. Las políticas sociales y económicas reflejaban esta nueva religión que recorría el mundo. La sociedad y sus instituciones sociales se precarizaban. Es decir, segmentaron y debilitaron los valores asociados con la familia el trabajo y la educación. Las reformas legislativas, los decretos—leyes y la difusión de los antivalores apuntaban a la desintegración de la familia como núcleo formador, a la flexibilización del trabajo y a la destrucción del sistema educativo.
El resultado ha sido el incremento de los niveles de violencia y criminalidad sin que la sociedad cuente con las herramientas adecuadas para combatirlo. Los gobiernos recientes, así como los candidatos actuales a la Presidencia, proponen medidas ajenas al problema de la falta de seguridad ciudadana. Las campañas hablan de mano dura con justicia social para reprimir a la juventud y aumentar la población carcelaria.
Hay que enfocar el problema de otra manera. La falta de seguridad ciudadana es consecuencia del incumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En vez de más cárceles, se necesita un plan de educación universal. No hay que hablar más de crear estamentos armados represivos y, en su lugar, hablemos de invertir en un plan nacional de salud (preventivo) y seguridad social.
Incluso, cuando se enfoca el problema del transporte urbano no se mencionan los derechos y deberes ciudadanos. Más bien, el transporte (como el resto de las políticas públicas) quedan reducidos a su significado mercantil: el negocio y las comisiones. La sociedad de clases se descubre al aparecer la desigualdad y las distinciones. Sólo un pueblo conscientes de sus derechos, organizado para defenderlos podrá crear las condiciones necesarias para rescatar la seguridad ciudadana. Lastimosamente, en esta campaña electoral no se ofrecen alternativas que presenten políticas coherentes e, incluso, propuestas con un mínimo de credibilidad.
La institucionalidad de la seguridad ciudadana
Daniel Delgado-Diamante escribe:
“En el año 2008, el presidente Martín Torrijos redefinió la Política de Seguridad Democrática Integral. Sin temor, planteó que un profesional policial fuera designado como director de cada una de las instituciones de seguridad. Decidió aprobar 7 Decretos Leyes en la materia. Estableció un espacio de tiempo para consultar tales legislaciones. Se recibieron observaciones y realizaron ajustes necesarios. Instituciones del Estado, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales participaron en la consulta.
Los mismos permitían que el Ejecutivo pudiera nombrar a policías profesionales como Director General de la Policía Nacional (PN) y del Servicio de Protección Institucional (SPI). Se creó el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) para la protección de nuestro mar territorial y espacios aéreos, costeros y lacustres. Igualmente, se creó el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) para su protección y defensa, frente a la incidencia y penetración de criminales, narcotraficantes y migrantes ilegales. Se creó la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y el Servicio Nacional de Migración (SNM) para el control territorial, aduanero y de migraciones perjudiciales a nuestro país. Finalmente, se creó el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS), para la búsqueda de información para la defensa del Estado y la sociedad, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos y la protección de la vida privada e intimidad de los ciudadanos. Por instrucciones expresas del Presidente Torrijos se establecieron los protocolos legales para obtener información y se prohibió utilizar ilegalmente recursos tecnológicos para obtenerla y se estableció la penalización a los infractores.
Durante las consultas, tocó exponer las amenazas a la seguridad de Panamá; el grado de peligro que representaban, al igual que las medidas necesarias para enfrentarlas. Destacaban el crimen organizado, el narcotráfico y el pandillerismo a su servicio. Se ponderó la importancia de la necesidad de inteligencia policial para combatirlos sin descanso.
Cuando se informó lo que se nos venía encima y la importancia de la nueva plataforma de seguridad, por razones políticas la oposición arremetió contra dichas propuestas institucionales. La etapa de confrontación tuvo ataques personales directos contra la gestión ministerial de seguridad para impedir su éxito, seguida de la amenaza de derogar todos los Decretos Leyes.
Lo demás ya se sabe. La única legislación derogada por el gobierno entrante en el 2009, fue aquella que impedía y castigaba las intervenciones en la intimidad y vida privada de los ciudadanos. Establecieron por decreto una estructura del Consejo de Seguridad, con abuso discrecional absoluto de la tecnología para intervenir ilegalmente en la vida privada de los ciudadanos y perseguir a políticos y empresarios opositores. Todo menos perseguir la criminalidad, comprometiendo así la seguridad del país.
Son escandalosos los excesos y abusos producidos por el Consejo de Seguridad, durante la administración anterior. Y hoy estamos pagando las consecuencias, con la vergüenza de conocer todo lo acontecido en los últimos 5 años, generando un subproducto terrible: Miedo en la sociedad. La discrecionalidad para intervenir en la vida privada de los ciudadanos, bajo supuestas o reales amenazas a la seguridad, fue quizás lo más peligroso para el equilibrio de la institucionalidad del país y derechos de los ciudadanos.
Quienes sin seguir procedimientos legales penetraron en la confidencialidad e intimidad de los panameños, violaron sus derechos y deben pagar por ello. Quienes así actuaron, consciente o inconscientemente también le dieron ventaja al crimen organizado, al narcotráfico y a la criminalidad en nuestro país, con la inseguridad ciudadana rampante en la actualidad.
Saludo al nuevo Gobierno por la sensata decisión de fortalecer la institucionalidad de la seguridad. Ahora, finalmente, se ha reconocido la vigencia de los estamentos creados para ese fin. Todos están dirigidos por oficiales policiales profesionales, con trayectoria de defensa de la democracia y los derechos humanos. El SENAN y el SENAFRONT son instituciones creíbles. Nada en ellas refleja militarización alguna del país. Hay que evitar utilizarlas fuera de sus áreas de competencia en misiones distintas a lo que ordena su ley orgánica. Las cantidades de droga incautadas dejan en evidencia la actitud recalcitrante del crimen organizado que utiliza a Panamá como plataforma de actividades del narcotráfico.
Ahora también compete fortalecer la efectividad y eficacia de la Policía Nacional (PN) para garantizar la Seguridad Pública ciudadana. No resultará fácil, pero ojalá se logre completar la profesionalización de la Fuerza Pública en su conjunto. Finalmente, también dotar al país de una legislación del Consejo de Seguridad que asegure la defensa del Estado y la seguridad plena de los asociados.”
Estrategia
Cifras del año 2010:
Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que América Latina es actualmente la región más violenta del mundo. Una combinación del aumento de las expectativas en la población más pobre y la disminución de las oportunidades para los sectores de menor educación, es la combinación perfecta para que prospere el crimen organizado.
Esta realidad está llevando progresivamente a más jóvenes marginados, a participar en delitos que hacen estragos en las áreas más desarrolladas de las ciudades. Nuestro país no se escapa de esta realidad y según los informes que presenta el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, se abren nuevas amenazas contra la seguridad pública en el país.
Las estadísticas de esta dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, indican que en los últimos diez años, se ha producido un incremento impresionante en la criminalidad. En el año 2000, se registraron según las estadísticas del SIEC, 16,061 delitos sobresalientes mientras que en el 2009 ascendieron a 33,610, es decir, un incremento del 109%. Lo más destacado de estas investigaciones es que este incremento de la criminalidad está asociado a las pandillas en las áreas urbanas, especialmente la de Panamá Metro y Colón.
Las investigaciones del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales panameño, indican que existe una alta correlación entre el incremento de la criminalidad y el desempleo, la deserción escolar y la densidad de población en las barriadas pobres de las ciudades panameñas.
Al correlacionar el incremento del crimen y el desempleo, se encontró un índice de correlación de 0.98, y al evaluarla con respecto a la deserción escolar fue de 0.98 y finalmente, cuando hablamos de la densidad poblacional la correlación fue de 0.92. Estas cifras indican una correlación directa entre la existencia del desempleo, el incremento de la deserción escolar y la alta densidad de población en las barriadas con la criminalidad.
A pesar de esto, no hemos visto una estrategia de las autoridades dirigidas a reducir la deserción escolar y a proveer a las barriadas, particularmente las marginadas, de infraestructura social que le permita mejorar la calidad de vida a la familia panameña que vive en esos lugares. Allí donde el desempleo se incrementa, como en el caso de Barú, Veraguas, Colón, para mencionar algunas, se crea el caldo de cultivo para el desarrollo de la criminalidad.
Adicional a toda esta realidad, las cifras indican un incremento sustancial desde el 2007 hasta el presente, de las actividades criminales dirigidas por el narcotráfico internacional. En realidad, las organizaciones criminales más complejas, sofisticadas y nocivas para la seguridad ciudadana en América Latina, son de carácter internacional. Entre ellas destacan aquellas dedicadas al tráfico de narcóticos y al lavado de dinero.
El tráfico de drogas conlleva cinco graves amenazas para la seguridad de la región y para nuestro país: un incremento radical en los homicidios y otros actos de violencias por el trasiego de narcóticos y por el control de territorios; un aumento en el consumo local de drogas, que facilita o induce a la comisión de delitos ordinarios; un estímulo importante para otras formas de criminalidad organizada; impulsa la corrupción de agentes del sistema de seguridad ciudadana, justicia penal, políticos y empresarios en sectores económicos conexos y finalmente; incrementa la dedicación de cuantiosos recursos para luchas contra este flagelo, que bien podrían dedicarse a otras tareas.
Debemos destacar, que la violencia criminal urbana es un fenómeno que se ha estudiado poco y con relación a su causalidad, se le debe abordar como un fenómeno multivariable, no existe una única causa imputable al mismo, más bien, se debe a un conjunto de factores que favorecen su aparición.
Para atacar el incremento de la criminalidad en nuestro país, lo primero que debemos hacer es contar con datos confiables que permitan dimensionar el fenómeno, de allí la importancia de los estudios que realiza el Sistema Integral de Estadísticas Criminales. Debemos relevar y analizar las políticas de prevención no penal, en particular las políticas sociales que se desarrollan a partir de los ámbitos oficiales.
Cualquiera estrategia debe privilegiar el papel y participación de la comunidad, buscando una mayor coordinación de los agentes estatales con esta. Hay que conformar una fuerza de tarea mixta para el diagnóstico, la definición de políticas públicas y la programación de acciones con participación organizada de la comunidad.
También es vital que se redefinan las tareas de la policía en una nueva estrategia de prevención y se busquen mecanismos alternativos a la ley penal, para la resolución de conflictos en lo que participe activamente la comunidad.