Criminalidad en Panamá en Panamá
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Si nosotros nos podemos entender en estos asuntos del Derecho Penal, para que todo sea distinto en la práctica. Si llegáramos a razonar y analizar a profundidad sobre el objetivo y los efectos de cada ley relacionada con la lucha contra el crimen en todas sus dimensiones, las cosas serían mucho mejor. Ahora nos ocupamos en trasladar la culpa, un asunto que entristece y agobia hasta el cansancio. Todos coincidimos en que si evitamos la omisión delictual, dejaríamos de asfixiarnos con la lentitud de los procesos, el hacinamiento en las cárceles y, por supuesto, el enorme gasto que se hace para mantener gente sin ninguna función social, pero nos alarman las estadísticas y discusiones sobre si la criminalidad baja o sube y siento que las experiencias traídas de otras latitudes, no se deben aplicar en bruto, porque las sociedades evoluciona e involucionan, pero no lo hacen al mismo ritmo; es por ello que las presiones internacionales para que se aplique tal o cual ley, lo que hacen es crear más confusiones. Este asunto es territorial, poblacional y evolutivo, como nos vamos a explicar.
Las pandillas en Panamá no encajan en la estructura con la que se conforman las pandillas en otras sociedades, porque no tienen o dominan territorios. Aquí tenemos que en un barrio lo que hay son varias bandas. Pueden tener nombres, componentes, actividades ilícitas, pero no controlan territorios, porque en los extremos de la cuerda sería territorio domiciliario. Donde se conforma y mantiene una pandilla, debe controlar un espacio territorial suficiente y, que no gobierna la autoridad estructurada. Aquí se agregó la conspiración en delitos de droga, pero tenemos que en Derecho Penal, se considera la conspiración como una de las formas para participar una vez exista la proposición extendida hasta la provocación, es unirse para actuar en conjunto y de este modo participar en actos delictivos. Existe también la asociación ilícita para delinquir, a partir del artículo 329 de nuestro Código Penal y en el artículo siguiente, agregan el pandillerismo con unas condiciones que no acoplan en nuestra sociedad. A nadie se le puede ocurrir tatuarse el cuerpo para identificarse. Esto ocurre en el mundo, porque ese tatuaje protege al sujeto en el lugar en que se encuentra y debe cuidarse si sale de los límites del espacio controlado. También se dice que obligan a los indecisos a tatuarse para que no se salgan del territorio.
Otro asunto es el aumento de las penas, cada vez más y más altas. No hay una política de publicidad que conlleve a convencer a las personas que piensen antes de actuar. No hay un acuerdo periodístico en el que se decidan a escribir con otro enfoque y no publicar los kilos o el tamaño del cargamento de una droga capturada y cuánto es el valor en el mercado. Hay que mencionar las penas de prisión que acarrea este delito considerado como grave. Un narcotraficante estará dos veces en la cárcel y se acaba la vida. Hay que tratar de arrepentir a quien piense que ese negocio ilegal lo puede favorecer. Se sabe que cuando alguien cae, se debe olvidar del apoyo externo, porque nadie salva a nadie.
Tenemos otra desproporción en cuanto a las legislaciones sin prever el alcance de la Ley en su aplicación. Si ahora tenemos hacinamiento en las cárceles, abultado con el Pele Police, con el que se han recogido miles de personas con cuentas pendientes, cómo será en unos años con penas de prisión triplicadas. Esto tiene un efecto multiplicador impresionante. Hay que construir muchos más recintos carcelarios de los que ya están construidos, para guardar a los reclusos por periodos largos, porque, además, las penas ahora son sumativas. Antes se pagaban en las cárceles los delitos en conjunto. Si a alguien lo condenaban por un delito grave. Y otros menos graves, al concluir la pena del primero, los otros terminaban antes, pero ahora los suman hasta cincuenta años.
La criminalidad y los pueblos indígenas
En el país es un hecho cierto, que la Violencia , el Narcotráfico y la Criminalidad ha llegado a niveles exuberantes, donde hemos podido notar el esfuerzo que vienen realizando desde gobiernos anteriores diferentes actores, por un lado los gobiernos de turno a través de políticas publicas sobre estos temas, la ciudadanía o sociedad civil que también han presentado propuestas, incluso la Empresa Privada, sin embargo a pesar de dichos esfuerzos , las estadísticas que salen a relucir de instituciones que tienen en su haber la función de sistematizar las estadísticas e índices de criminalidad en el país por provincias y sectores como lo es CONAPRED, nos indican que cada día aumentan y con más saña, la cual tiene a la ciudadanía panameña muy preocupada y con mucho temor. Al respecto vale destacar que el año pasado se hizo el lanzamiento de un observatorio de libertad ciudadana, que promovería la medición del nivel de violencia en el país por parte del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo y la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá en colaboración del Ministerio Publico, la cual permitirá la recopilación de datos de los hechos delictivos, provincia por provincia y ponerlos en sitio web, donde todo el país podrá conocerlos sin embargo desconocemos esa página web para acezar a la información.
Las Comarcas Indígenas, territorios habitados por indígenas, quienes en muchas ocasiones hemos sido cuestionados por el mundo occidental que no entiende nuestros valores y cosmovisión, y hasta en ocasiones hemos sido tildados de perezosos y de segunda clase, son los lugares hoy día menos peligrosos donde los hechos delictivos constituyen el 1%. En el caso de la Comarca kuna Yala existen los informes de la Personería Comarcal que responde al Ministerio Público, pero también está la memoria histórica de las propias comunidades., donde se puede observar que no existen pandillas, sicarios, femicidio (tema que otro día abordaremos), ni crimen organizado. Los delitos que más se cometen son el hurto y los delitos contra la seguridad colectiva relacionados con drogas, los homicidios que se han dado han sido Homicidios Culposos las cuales ocurren cada diez (10) años, solamente en el año 2008 ocurrió un homicidio con mucha saña cuyos ribetes fueron el narcotráfico más nunca supimos que fue lo que realmente ocurrió y como culminó la investigación, en términos generales podemos decir que nuestra Comarca por el momento no tiene este mal que está azotando al pueblo panameño, nuestras autoridades tradicionales junto a funcionarios de gobierno deben ir abordando el tema a efecto de prevenir para lograr un mundo mejor a las futuras generaciones que velaran por el pueblo kuna, toda vez que escuchamos que las comunidades en las ciudades se están organizando y formando comités de prevención. Lo importante de este escrito es que queremos resaltar el hecho de que de acuerdo al Jus Natura, nuestros pueblos nacieron sanos y producto de la dominación y mezcla con el mundo occidental han ido asumiendo comportamientos totalmente ajenos a su cultura y valores, la realidad ha demostrado que la mayoría de jóvenes kunas que delinquen, incluso han cometido algún tipo de delitos de Homicidio y que incluso algunos hasta pertenecen a pandillas (como el caso ocurrido hace semanas en una comunidad indígena del Distrito de Arraijan, donde la víctima y victimarios son kunas, los mismos ocurren en la urbe capitalina y en las provincias., sin embargo esto no ocurre en kuna Yala.
Menores y criminalidad
Una encuesta denota que los panameños desean en un 94% un aumento de penas a menores. El ministro de Gobierno refuerza este concepto y presenta un proyecto para volver punibles a menores de 12 años en adelante. La comunidad cansada de la criminalidad y percepción de impunidad, cortesía de nuestro sistema punitivo y arcaico, no alcanza a vislumbrar el origen de esta violencia, cuya solución no está en las cárceles, sino en la protección de la familia.
En Panamá tenemos la población penitenciaria más alta de Centroamérica, 399 internos por 100 000 habitantes, 51% sin condenas. La mayoría pertenece a las clases baja y media baja. El 14% es menor de edad y del total de crímenes violentos solo el 4% es cometido por menores. El 85% de los menores condenados por más de un año reinciden con un delito peor que el primero.
Pero, ¿nos hemos preguntado qué es lo que convierte a un infante en un delincuente, cómo se da el proceso de transformación y cuál es el rol que nuestra sociedad debe jugar?
El principal factor por encima de la pobreza y el pandillerismo no es otro que la desintegración familiar y violencia doméstica. El delito más común en el país solo se denuncia uno de cinco casos, 87% de los episodios los presencian los niños, 8 de 10 repetirán el patrón con sus parejas. Ser abusado o maltratado cuando era niño aumenta el riesgo de ser arrestado como adolescente en un 53%, como adulto un 36% y por un crimen violento un 38%.
Los niños criados en hogares violentos tienen seis veces más riesgo de cometer suicidio, 26 de cometer asalto sexual, 57 de abuso de drogas, 75 de cometer otros crímenes; 63% de los delincuentes juveniles sirviendo tiempo en la cárcel están ahí por asesinato de un padre abusivo, padrastro o del novio de su madre.
La cárceles panameñas son verdaderas es cuelas del crimen, no existe una verdadera política de resocialización e inclusión. Tanto psicológicamente como físicamente existen marcadas diferencias conductuales entre los preadolescentes (10-14 años) y los adolescentes. Una solución más práctica y equilibrada, que aumentarles las penas o juzgarlos como adultos, la encontramos en la jurisprudencia de origen británico “ At her majesty pleasure ”, aplicada entre otros a menores con crímenes atroces. Al menor no se le pone una fecha definida de salida, sino que depende del criterio de un juez que, luego de evaluaciones conductuales, estudiantiles y psicológicas, determina si el menor es apto o no de reinsertarse en la sociedad.
En tanto el plan estratégico de inversiones contempla algunas medidas preventivas, como el mejoramiento de la atención al reo, política de atención a la familia disfuncional con una inversión de B/.17 millones, disminuir los efectos colaterales como el maltrato, abuso y abandono en los niños, jóvenes y ancianos, con un presupuesto de B/.1.7 millones. Pírrica inversión si se considera las políticas “ correctivas ”, como la construcción de nuevos centros penitenciarios, recibirán 332 millones, superando en proporción de 3 a 1 al presupuesto conjunto del Órgano Judicial y Ministerio Público. Preocupa además, que la Defensoría del Pueblo no tiene contempladas inversiones en los años 2012 a 2014.
Definitivamente el penalizar a un menor de 12 años no es más que un populismo punitivo altamente efectivo en desocializar al individuo, medidas similares en otros países condujeron al reclutamiento de niños de 9-11 años para actividades delictivas, cuyo costo social pagaremos en una generación.