Flexibilización en Panamá en Panamá
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Neoliberalismo
La crisis del capitalismo no es igual a la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo fue una estrategia política utilizada para mitigar la crisis del capitalismo que, a partir de la década de 1970, dejó de generar las ganancias necesarias para reproducir el sistema. El neoliberalismo pretendió mitigar la crisis mediante tres acciones concretas: la globalización, la desregulación y la flexibilización.
Las políticas neoliberales fracasaron en su intento de frenar el colapso del capitalismo como sistema capaz de generar excedentes. El neoliberalismo —en el último cuarto de siglo— se anotó varios triunfos que crearon falsas expectativas entre sus defensores. En primer lugar, obtuvo resonantes éxitos en el plano político doblegando a las organizaciones laborales y apropiándose de una proporción mayor de sus ingresos. Fueron los casos de Reagan y Thatcher, que le abrieron camino a una nuevo estilo de generar ganancias. Algunos llamaron este nuevo modelo de acumulación la “ financiación ” de la economía global.
La crisis del sistema capitalista en la década de 1970 remeció los cimientos de las economías de mercado del mundo. Más espectacular aún, siendo interpretado como otro gran triunfo político del capitalismo, fue el colapso de las economías del “ socialismo real ” a fines de la década de 1980. Las políticas neoliberales, promovidas por las instituciones financieras internacionales y las grandes potencias, transfirió riquezas a escala global mediante la rapiña y la “ des-posesión ”, como la bautizó David Harvey. A su vez, mediante la desregulación, le arrancó a los trabajadores las llamadas empresas públicas, mercantilizando incluso las fuentes de agua. De igual manera, la flexibilización disminuyó la participación de la clase obrera en la distribución de la riqueza que su trabajo generaba.
Pese a las políticas neoliberales que transferían más y más riquezas de los sectores trabajadores a la clase capitalista, el sistema siguió sin poder generar ganancias. Entre 1975 y 2005, en vez de invertir en actividades productivas (que no podían generar ganancias), los especuladores se dirigieron al sector financiero donde se creaban los mecanismos (artificiales) aún capaces de movilizar los capitales acumulados. El mecanismo, que creaba las llamadas burbujas, lograba generar ganancias, pero sin crear nueva riqueza. La crisis financiera, basada en el estallido de la burbuja inmobiliaria en la bolsa de valores de Nueva York, es una —pero no la principal— causa de la crisis del sistema capitalista que se arrastraba por un cuarto de siglo o más. Cuando reventó la burbuja de los “ sub-prime ”, desaparecieron millones de millones de dólares en forma de activos y los estados imperialistas corrieron a salvar sus mecanismos financieros. La economía real se hundió y sigue en un estado de recesión sin perspectivas de una futura recuperación.
La inyección de más de un millón de millones de dólares al sistema financiero no tuvo como fin salvar la economía real. Su propósito era salvar el sistema bancario y los intereses de la clase dominante. En la mejor tradición imperialista, cada país recurrió a sus propias estrategias sin importar el destino de los otros. Las cumbres de los G-8 y G-20 fueron escaparates para tranquilizar a los capitalistas del mundo.
La Flexibilización y el crimen organizado
La llamada flexibilización de la fuerza de trabajo, noción introducida en el Código de Trabajo en 1995, es un ataque frontal a las nociones de modernidad y al proyecto de desarrollo que caracterizan el mundo de los últimos dos o tres siglos de la Humanidad. El concepto de la flexibilización plantea que el trabajo no es una parte esencial de la estructura social. Más bien, la legislación panameña sostiene que el trabajo es un elemento marginal, que no tiene un valor fundamental para el desarrollo de la sociedad.
El presidente Ricardo Martinelli quiere llevar la flexibilización aún más lejos. Ha planteado que la conquista del día domingo como día de descanso para los trabajadores debe eliminarse. Además, tiene un proyecto de ley preparado que haría desaparecer a los sindicatos laborales. El mandatario acaba de proponer un proyecto de ley para crear el Área Económica Especial del Barú (las antiguas plantaciones bananeras), donde los trabajadores no tendrían la protección de la Constitución Política ni del Código de Trabajo. Es decir, que no se podrían organizar, que tendrían salarios por debajo del mínimo y que los ‘empresarios’ podrían contratar libremente trabajadores extranjeros.
Como consecuencia, el trabajo pasa a ser sacrificado por las políticas públicas que se aprueban y ejecutan en el país. La flexibilización tiene efectos macro y micro sobre la sociedad. En términos generales, reduce la participación del consumo de los trabajadores en la economía. A la vez, desarticula su participación en las instancias donde se toman las decisiones que lo afectan. Se producen incrementos en el empleo informal, en el desempleo juvenil, en la discriminación por género y en la descalificación del trabajo.
A nivel micro, la flexibilización convierte a los jefes de hogar en trabajadores precarios, bloquea el ingreso de los jóvenes al trabajo, incrementa la deserción escolar de los adolescentes y aumenta el abandono de los niños. La flexibilización desintegra la estructura familiar, convirtiéndolo el hogar en un cascaron sin figura paterna o autoridad socializadora. Al mismo tiempo, la ausencia de la estructura familiar desarticula a la comunidad y su red de relaciones que, incluso, se vuelve conflictiva.
La familia se desintegra con cada miembro buscando una solución a su problema particular. Muchas veces siguen viviendo bajo un mismo techo, pero sin relaciones familiares. Igual fenómeno se produce a nivel de la comunidad al desaparecer la red de relaciones. La gente vive en un lugar que guarda cierta homogeneidad, pero sin que exista un sentir comunitario.
La desintegración familiar genera condiciones propicias para la corrupción. Los diferentes miembros de la familia negocian independientemente con agentes del crimen organizado para resolver problemas inmediatos. La comunidad, a la vez, se convierte en un hervidero de oportunidades para la corrupción del comercio, del tráfico de personas y de drogas.
La flexibilización de la fuerza de trabajo propicia las condiciones ideales para el crecimiento y consolidación del crimen organizado. En este ‘caldo de cultivo’, creado por el trabajo informal, la familia desintegrada y la comunidad desarticulada, el crimen organizado recluta los jóvenes para sus bandas al servicio del tráfico de ilícitos y la prostitución. El crecimiento del crimen organizado crea conflictos territoriales entre los grupos que promueven los asaltos y los homicidios (ajusticiamientos).
La legislación pasada y la nueva que pretende introducir el gobierno —al servicio de los intereses del crimen organizado— solo contribuye a acelerar la espiral de violencia y la inseguridad ciudadana que vive Panamá.
Flexibilización y violencia en Panamá y Honduras
La política antiobrera del presidente Ricardo Martinelli tiene sus seguidores en la Región. En este caso, se trata del nuevo gobierno hondureño, producto de un golpe militar, presidido por Porfirio Lobo. Dándole seguimiento a propuestas por los sectores más conservadores de su clase empresarial y escudándose en políticas neoliberales, el gobierno de Tegucigalpa está creando lo que llama un ‘Plan Solidario de Empleo Anticrisis’. Al igual que en Panamá el ‘plan’ ha desatado una protesta social generalizada.
El ‘Plan Solidario’ consiste en flexibilizar el empleo creando puestos de trabajo ‘por hora’ o solo por jornada de medio día. Según José Luis Baquedano, ‘es un proyecto político que pretende impulsar una mayor flexibilización y precarización laboral, a través de contratos de trabajo por hora y de media jornada. Una propuesta que de ninguna manera va a resolver el grave problema del empleo, ni mucho menos el del valor del salario versus el costo real de la canasta básica’. Baquedano es el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro del comité ejecutivo del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP).
El gobierno panameño impuso esta legislación hace varios años, creando zozobra en la familia del trabajador e incrementando el crimen organizado en el país. La flexibilización del trabajo le permite al empresario minimizar el salario del trabajador y emplearlo de la manera que considere más apropiado. El trabajador se vuelve una máquina. Este arreglo destruye a la familia, que pierde a su proveedor principal y desarticula a la comunidad, cuyas familias son diezmadas. La flexibilización es la causa de la aparición de las pandillas y la violencia criminal.
Hace un mes Martinelli promulgó la Ley 30 que, entre sus múltiples objetivos, eliminó la organización sindical en Panamá. La legislación fue rechazada por el pueblo panameño con un costo de varias vidas en las fincas bananeras de Changuinola (Bocas del Toro) producto de la represión policíaca. En la actualidad, el gobierno panameño busca fórmulas para imponer sus medidas por encima de la oposición popular.
Según Baquedano, el gobierno está legislando en Honduras a pedido de los empresarios maquiladores. Los ‘trabajos son transitorios, sin beneficios sociales. Una total explotación de la mano de obra. De hecho va a modificar de forma ilegal el Código del Trabajo y la relación obrero—patronal. La empresa privada ha hecho un negocio con el desempleo. Los niveles son tan elevados que los trabajadores se someten a cualquier vejamen y propuesta que le haga el patrón’.
En este contexto, los presidentes Martinelli y Lobo tuvieron oportunidad de conversar en julio de 2010 sobre un acuerdo para exportar trabajadores de ese país a Panamá, donde recibirían remuneraciones inferiores al salario mínimo panameño. En su momento, Martinelli veía la importación de trabajadores como una medida para frenar las protestas de los trabajadores en las obras relacionadas con la ampliación del Canal de Panamá. Las empresas contratadas para trabajar en la vía acuática son de origen extranjero (española e italiana). Aparentemente, se consideran por encima de la Ley y no se han hecho miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), que tiene un convenio colectivo con los 50000 trabajadores del Sindicato de la Construcción panameño (Suntracs).
Baquedano, en una entrevista concedida a Giorgio Trucchi, periodista uruguayo, agrega que la legislación hondureña que se quiere imponer crearía un sistema de trabajo ‘totalmente precarizado, no van a poder organizarse sindicalmente, no van a tener acceso a ninguna prestación laboral. Van a ser explotados y con salarios de hambre. Las mismas organizaciones sindicales van a salir gravemente afectadas. Eso es parte del plan desestabilizador’.
Los trabajadores hondureños están pidiendo que ‘se respete el Convenio que firmamos con los diputados, en el que acordamos que ningún proyecto de ley que afecte a los trabajadores y trabajadoras puede ser discutido y aprobado sin haberlo previamente consensuado con las confederaciones sindicales’. Hay que recordar que ese fue un pacto alcanzado con el presidente destituido por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Según Baquedano, también ‘vamos a exigir que se ponga en práctica el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno’. Ese Plan fue consensuado de forma tripartita antes del golpe, en el seno del Consejo Económico y Social, y cuenta con el apoyo de la OIT.
Los sindicatos hondureños saben que su lucha es cuesta arriba. Reconocen que en Guatemala siguen ‘asesinando’ a obreros y en ‘Panamá están masacrando a los trabajadores’. Según Baquedano, ‘los hondureños necesitan el apoyo internacional para fortalecer al movimiento sindical centroamericano, ante esta estrategia para desestabilizar al movimiento social y criminalizar la protesta’.