Precio en Panamá en Panamá

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El derecho al precio a la vista

La información de precio es indispensable, para que el consumidor decida al momento de comprar. La Ley 45 de 2007, establece que todos los bienes que se ofrecen en un determinado local comercial, deben tener en forma clara, precisa y en un lugar visible el precio al contado de los mismos.

Según el especialista de mercadotecnia, Iván Thompson, ‘el precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios de tener o usar el producto o servicio’.

Si los consumidores que acuden a cualquier establecimiento comercial, no ven el precio del artículo o servicio que desean adquirir, entonces desconocen el monto a pagar, por lo que es una falta a la transparencia del agente económico o comerciante hacia sus clientes.

Cifras proporcionadas por la sección de Estadísticas de la Acodeco, revelan que de enero a septiembre del presente año, se dieron en todo el país 219,877 faltas de precios a la vista de los consumidores. De acuerdo a fuentes de esta institución gubernamental, esta es una de las infracciones que regularmente cometen los agentes económicos en todo el país.

Los consumidores deben exigir el derecho a la información de precio y denunciar a los que se oponen al mismo. Asimismo, hay que reportar aquellos casos donde no atiendan su reclamo, cuando al adquirir un producto, cuyo precio es anunciado en el anaquel y al pagarlo el lector de código de barras le registra un precio mayor. Si usted detecta esta irregularidad, no dude en presentar su queja inmediatamente al empleado correspondiente. La Ley de Protección al Consumidor señala que ‘…En caso de que un producto tenga más de un precio marcado por el proveedor, prevalecerá el menor, y el proveedor estará obligado a venderlo con ese precio…’.

En una reciente visita al Mercado Agrícola Central, o de Abastos, como popularmente se le conoce, me percaté de la carencia total de precio a la vista de los productos que allí se comercializan. Teníamos que preguntar de puesto en puesto, para así conocer quién mantenía el mejor precio. Al solicitar a algún vendedor que lo colocara a la vista, nos miraba con desconfianza, ignorando o en una clara infracción a la Ley, nos manifestaba ‘que si nadie lo tenía, por qué él debía hacerlo’.

Esto es un solo ejemplo de lo que acontece en el mercado nacional, pues, si mencionamos todos aquellos locales, como en las llamadas ferias libres, abarroterías, ventas de autos usados, ferreterías, entre otros, tener precio a la vista es como si fuera un pecado comercial. Incluso en algunos supermercados, hay ocasiones en que el precio brilla por su ausencia y cuando el producto tiene un precio menor a otros, lo quitan a la vista y ni el lector de código o verificador de precio lo tiene registrado.

Los agentes económicos, que gozan de la libre oferta y demanda, no tienen ningún motivo para incumplir con informar sobre los precios de sus productos o servicios que ofrecen, a menos que tengan temor a la libre competencia.

Colusión, mercado libre y precio de alimentos

Escribe Gino Osellame R.:

“La colusión es conocida en tiempos de liberalismo económico, como un vicio del mercado y constituye una forma de competencia desleal. La colusión consiste en el contubernio de ciertos actores económicos, quienes, mediante el manejo de precios, evitan la participación de terceros (su competencia), haciendo insostenible la operación de estos.

Nuestra Constitución Política resguarda, con rango de derecho fundamental, principios que salvaguardan la economía de mercado, tales como: propiedad privada, iniciativa económica de los particulares, no regulación del mercado, libre asociación, libre concurrencia, libre competencia y la protección de los derechos del consumidor.

Este vicio del mercado, no solo obra en contra de competidores, sino también en contra del Estado. Por ejemplo, cuando los actores económicos acuerdan topes de precios, para que forzosamente se adquieran, mediante contratación pública, productos con precios elevados, no acordes con los valores convencionales del producto/servicio en el foro o en mercados internacionales, lo que en nuestro país hemos decidido llamar sobrecostos.

La colusión, por tanto, no es buena. Siempre ha de ser considerada como grave y huérfana de atenuantes. Es violatoria de las reglas del libre mercado, por lo que aquellos que participan de esta forma indebida de negocios deben ser sancionados, porque no se trata solo de circular bienes y servicios, sino de respetar garantías fundamentales que son pilares para construir nuestra economía que siempre, para bien o mal, se debate entre lo liberal y lo social.

La gravedad de la colusión no reposa tanto en su carácter subjetivo, es decir, la víctima de esta práctica, sino en su carácter objetivo, entendido como nuestro sistema de mercado, y la vulneración sobre la concurrencia que trae como consecuencia el descontrol especulativo en la ratio de precios de bienes y servicios en poder de un monopolio u oligopolio, afectando finalmente a la parte más débil del mercado que es el consumidor.

El mes pasado fuimos testigos de la actitud de un grupo de productores nacionales que, bajo connivencia —por no decir colusión positiva— fijaron el precio de su producto, lo publicitaron y evidenciaron que las diferencias entre precio y ganancia en un rubro determinado es mera consecuencia de la especulación abusiva de algunos actores económicos, en un mercado tan delicado como lo es el de los alimentos.

La Acodeco advirtió sobre una potencial colusión, y por tanto meritaba una investigación en ejercicio de sus deberes. Empero, la acción de este grupo de personas demostró que las reglas del mercado no siempre se configuran para ser manejadas por los actores económicos, y le recordó a la nación que el consumidor es la pieza clave del sistema y el eslabón más débil, pero a su vez importante, de la cadena de comercialización, por cuanto es quien paga por un producto o servicio en detrimento de su solvencia, a fin de poder adquirirlo.

Fuese o no el objetivo de los productores, quedó expuesto diáfanamente que los precios de los productos básicos de consumo —alimentos/materia prima—, pueden competir en el mercado nacional, con la moderación de un precio base o precio primado de producción, que asegure razonablemente una ganancia, inclusive para intermediarios, pero sin perjudicar la capacidad adquisitiva del consumidor. Es decir, competir con un precio a la baja, ya que la seguridad alimentaria, no solo sirve para garantizar que los consumidores, pueblo o nación tengan cantidades suficientes de alimentos, sino también que dichos alimentos sean accesibles y no afecten la economía familiar.

El mercado de alimentos no puede ser equiparado ni comparado, por ejemplo, al mercado de valores, donde la especulación es, precisamente, el elemento fundamental de su dinámica.”