Bien oculto en Panamá en Panamá
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Quienes nos tomamos la molestia de presentar demandas de bienes ocultos deberíamos ser reconocidos y admirados por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), porque nuestro propósito es que el Estado recupere bienes que por vagabunderías o vista gorda de alguien, en lugar de estar en el Tesoro Nacional, los tiene un particular; esto no es así.
Cuando lo hacemos, aunque el proceso es entre el denunciante y el Estado, lo primero que hacen es avisar al bellaco que usufructúa el bien oculto, supongo que a cambio de algo y, desde ese instante, el denunciante se convierte en enemigo del funcionario.
Debido a esa mala experiencia en el MEF en la gestión de la ex presidenta de la República Mireya Moscoso, incluimos en el Plan de Gobierno de lo que algunos pensamos sería la “Patria Nueva” una provisión para que se le diera un trámite más expedito a las denuncias de bien oculto. Si antes llovía, en el gobierno que pronto fenecerá no escampó en esa delicada materia.
Un bien oculto, de acuerdo a lo que dice el artículo 80 del Código Fiscal, entre otras cosas, es aquel que debiendo estar en manos del Estado, lo tiene un particular. Como el denunciante tiene que asumir todos los gastos —y el tiempo— de los procesos a instaurar en contra del que ilícitamente lo tenga, el Estado lo premia con una recompensa.
El 20 de mayo pasado, mi socio forense, Víctor Martínez, presentó ante el MEF una denuncia de bien oculto en contra de ICA PANAMA, S.A., beneficiada en 1996 con el contrato de concesión No, 70-96 para construir el Corredor Sur.
Ya Víctor y yo previamente habíamos presentado denuncia igual contra esa empresa porque ese corredor, después de firmado el contrato original se redujo en su longitud, no así en su valor, que quedó igual. El MEF, como siempre, no le dio importancia a la lesión cometida contra el Estado y el caso se archivó.
Ahora, trece años después de iniciada dicha concesión, en donde ICA Panamá, S.A. de una inversión de 222 millones de dólares y una ganancia razonable autorizada contractualmente de 85 millones, con lo que podía recuperar 306 millones, para que ocurrido aquello pasara el corredor a manos panameñas, hay muchos —como nosotros— que sostenemos que por vivezas de algunos y negligencia de otros —del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Contraloría General de la República o más arriba—, a pesar de que ese monto se ha recuperado con creces, todavía ICA sigue administrando y sacándole provecho a algo que debería ser ya de Panamá. Ni el MOP y menos Contraloría nos dicen si las cuentas sobre este redondo negocio para algunos están hechas o no.
Inicialmente el Licenciado Martínez ha estimado que ICA a estas alturas nos debe más de 118 millones de dólares, que bien podrían ser mucho más si tomamos en cuenta todos los años que han cobrado peajes —de los más caros en América Latina—, todas las tierras que vendieron del antiguo Aeropuerto Gelabert, hoy la codiciosa Punta Pacífica y las islas que ya comienzan a rellenar en el mar frente a esa barriada.
Esperamos que esos procedimientos para recuperar bienes del Estado, comiencen a trabajar como Dios manda.
El 23 de enero pasado presenté en el MEF denuncia de bien oculto contra la empresa mixta Cable & Wireless (Panamá), en donde, además de plantear al Gobierno la posibilidad de que dicha empresa, donde el Estado es dueño del 49 % de sus acciones y los trabajadores del 2 %, pagase una treintena de millones de balboas que no le ha pagado, existe la posibilidad de que en la operación de dicha empresa, con la complicidad de funcionarios del Gobierno de Martinelli, se hubiesen podido cometer graves delitos.
Antes de presentar la mencionada denuncia, me reuní con tres ministros de Estado y con los dos miembros de la Junta Directiva de Cable & Wireless que representan los intereses del Estado. Además, puse al tanto a la Contraloría del deber que tenía de auditar a esa empresa mixta, aunque antes nadie lo había hecho. O sea que estaban advertidos de lo que en aquella oportunidad denuncié hace tres meses.
Adicionalmente he presentado dos denuncias, firmadas por mí, en la Dirección General de Impuestos y en la Fiscalía de Cuentas, por posible evasión fiscal y lesión de empresa que vendía tarjetas prepago de teléfonos celulares de Cable & Wireless, en la cual dos hijos de Martinelli son miembros de su Junta Directiva. Todo coordinado por el expresidente y el entonces gerente general de dicha empresa, Jorge Nicolau.
Para mí todos debemos ser iguales ante la Ley. La defensa de los tesoros públicos no puede tener fronteras, sea quién sea quien haya cometido la falta. Se está generando la impresión en algunos casos de que a unos se les apresa y a otros se les da la ridícula medida cautelar de país por cárcel, medida que tiene el 99 % de la población que no sale del país. Se me está transmitiendo la idea de que ante la papa caliente que he presentado nadie se quiere quemar las manos.
En el caso de mis denuncias el asunto es tan grave, y así se lo he advertido a los ministros con quienes he planteado el asunto, que la transnacional inglesa —hoy subsidiaria de Cable & Wireless Corporation en Miami— puede hasta perder la concesión que tiene y ser investigada en Estados Unidos, donde las leyes anticorrupción son tan severas.
Mientras sigamos con aguas tibias, tarde o temprano, el país volverá al mismo carril de desorden que se dio en el Gobierno pasado. No creo que eso sea lo que quieran los actuales gobernantes, y mucho menos el pueblo panameño.
Guillermo A. Cochez