Reformas Tributarias en Panamá en Panamá

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Las reformas tributarias, en América Latina, en la última década, se han encaminado a tratar de corregir los indescifrables déficits fiscales existentes y eliminar las desviaciones en la asignación de recursos.

Panamá no escapa a esta realidad. Las reformas tributarias implementadas tienen como objetivo primordial, lograr el establecimiento de mecanismos ágiles que faciliten la generación y acrecentamiento de la recaudación tributaria y la búsqueda de congruencia en la distribución de los ingresos, a fin de lograr mayores niveles de bienestar a la población.

Frente a este argumento, en septiembre de 2009, la Asamblea Nacional sancionó la nueva reforma fiscal propuesta por la administración Martinelli, acción que según los proponentes pretende estimular el ingreso en cerca del 75% del PIB. Por primera vez se grabarán los movimientos comerciales de la Zona Libre de Colón, además, se crean nuevas cargas impositivas, como la de los servicios bancarios y se aumentará el ITBMS del 5% a 7%, entre otros.

Los cambios tributarios propuestos han generado diversas opiniones. Hay quienes sostienen que si bien engrosarán las arcas del gobierno, la tasa impositiva a los servicios bancarios y el aumento del ITBMS (impuestos indirectos), afectarán el bolsillo de la población, pero con mayor severidad a la clase media y baja. Los comerciantes trasladarán con creces dichos impuestos, lo que mermará el ya escuálido poder adquisitivo del panameño.

De ser efectiva esta estrategia y lograr aumentar los ingresos, la ciudadanía espera que durante los próximos cuatro años y medio que restan de gestión a la actual administración, se desarrolle un programa de inversiones públicas y se ejecute el presupuesto de funcionamiento sin los tradicionales déficits fiscales.

En la última década, Panamá viene reflejando un crecimiento continuo, pero el mismo es sesgado. Sus beneficios se han centrado en menos del 15% de la población, mientras que los estratos medios y necesitados ansían una administración gubernamental seria. Que instituya su actuar en la transparencia mediante la rendición de cuentas. Que impulse políticas públicas sensatas y equitativas. Que favorezca inversiones sanas con generación de empleos dignos para aliviar, dar bienestar y calidad de vida a la población.

En cuanto a las diversas reformas tributarias implementadas, cabe señalar que no es suficiente con hacer cambios o eliminar una tasa impositiva por otra, se requiere de un sistema administrativo coherente, que garantice mayores niveles de efectividad en el cobro tributario, de forma tal que se controle la evasión fiscal, motivo por el cual se requiere destinar fondos para llevar adelante un proceso de reingeniería que provea de recursos tecnológicos adecuados y colaboradores altamente calificados.

Cementos

En la Gaceta Oficial No 26757-A del martes 5 de abril de 2011, se publicó la Ley 31, que modifica el Código Fiscal y en sus artículos 5 y 6; los honorables diputados acaban de exonerar los impuestos reglamentarios para la prestación de servicios relacionados con la preparación y entrega en el sitio de cemento, aditivos y sus derivados que realicen los subcontratistas de los contratistas de la Autoridad del Canal, del proyecto en cita; así como para la transferencias de cemento, aditivos y sus derivados, por el mismo concepto.

Como no ha habido ninguna explicación del porqué de la reforma tributaria, en este aspecto, me surgen dudas de si esto solo se hizo para favorecer al contratista que ofertó un precio extremadamente bajo, por los servicios que le deben aportar terceros para el proyecto, pues debía él haber pensado bien su precio, al momento de ofertarle al Estado su propuesta.

Escribe Adolfo E. Linares Franco:

“Sin lugar a dudas hay que aplaudir la inversión gubernamental en tecnología, y los esfuerzos que hacen los Gobiernos por mejorar la recaudación, sobre todo si esta tiene como propósito el mejorar la atención que presta el Estado al ciudadano, quien a la vez es su jefe, en su función de administrar la cosa pública como un buen padre de familia y en defensa de la vida, honra y bienes de todas las personas que residan en él, ya sean nacionales o extranjeros. Y estas importantísimas funciones no están por debajo o supeditadas a la obligación, más que un derecho, que tiene el Estado de recolectar impuestos, pues en un sistema republicano como el nuestro lo más importante para el Estado es el ‘ciudadano’ y no la ‘burocracia o la clase política que lo administra’.

Lo lamentable, es que todas las medidas que se han venido tomando a través de los años en cada Gobierno, tanto para incrementar como para mejorar la recaudación, siempre han tenido como propósito el apretarle cada vez más la garganta a la clase media profesional, o sea, a los mismos contribuyentes que siempre han estado en el radar y pagando sus impuestos, pero nada, absolutamente nada, se hace para formalizar el 50 % de la economía que está todavía en la informalidad.

Sería interesante preguntarse ¿en qué va a mejorar el incremento de la base impositiva la adopción de nuevos equipos de facturación electrónica a los mismos comercios y personas que ya estamos cargando con nuestros impuestos al tesoro nacional? ¿Cuánto va a ser la inversión del Estado en aplicar este nuevo mecanismo electrónico? ¿Cuánto va a ser la inversión privada de los contribuyentes que tendremos que comprar nuevos y costosos equipos? Hace solo cuatro años nos clavaron las maquinitas y la inversión de las impresoras fiscales para el ITBMS, la cual todavía no se ha reembolsado y ahora tendremos que hacer otra cuantiosa inversión para, como siempre, recolectarle a la misma gente.

Cada nueva ronda de modernización o mejora al sistema de recaudación se ha enfocado en meterle la mano en el bolsillo a la misma clase media profesional de siempre, la cual ya no sabe qué hacer para poder respirar y seguir a flote. Nada más miremos a quiénes han ido dirigidas las reformas sobre los agentes de retención de ITBMS, facturas fiscales por ITBMS, retención de 5 % sobre renta extranjera, entre otras. ¿Cuándo vendrá un Gobierno a dedicar recursos y tiempo en realmente resolver el problema de la economía informal, y la recaudación de los agentes que se mueven en esa economía?

Lo mismo va con el Seguro Social. No manejo números, pero puedo apostar que la evasión de cuotas de CSS más relevante en el país es la que dejan de contribuir los agentes de la economía informal que no cotizan y resultan ser los usuarios más asiduos del sistema de seguridad social.

Pero si hay algo que refleja la visión cortoplacista que han tenido todos los Gobiernos en materia tributaria son las 98 reformas que se le han hecho al Código Fiscal desde 1990 al 2015. Todas estas reformas se hicieron so pretexto de que el sector privado pusiera su justa contribución para que el Estado pueda resolver los problemas sociales y con el siempre incumplido compromiso del Estado de achicar su tamaño y reducir el gasto.

La política fiscal no debe verse únicamente como un mecanismo de recolección de impuestos y mucho menos como una herramienta para extorsionar o confiscarles a los ciudadanos el producto de su sudor y trabajo, pues todo ser humano tiene el derecho a disfrutarlos plenamente. La política fiscal debiera verse como un instrumento para promover la inversión por vía de impuestos razonables, claros, sencillos y de aplicación general para todo el mundo y por lo tanto requiere cierta estabilidad en el tiempo, pero aquí el problema que ha imperado es que los Gobiernos han pretendido únicamente resolver sus problemas de flujo de caja durante su quinquenio respectivo sin importar lo que venga después.

Esa mentalidad ‘quinquenal’ es la que hace que ningún Gobierno se atreva a resolver problemas como el agua, la educación, seguridad, CSS, basura, justicia, transporte, salud, pues todo se hace con una visión no más allá de las siguientes elecciones. Y mientras sigamos con lo mismo estaremos siempre condenamos a vivir en el subdesarrollo.”

Administración Martinelli

Es justo que quienes más ganan paguen más impuestos. Es correcto acabar con el “Club de los Exonerados” que históricamente ha afectado el desarrollo de Panamá, permitiendo que una oligarquía privilegiada evada sus responsabilidades fiscales, mientras que el grueso de las cargas impositivas es sostenida por los asalariados y las clases medias, mediante el Impuesto sobre la Renta y el ITBM.

Pero el gobierno de Martinelli, compuesto por altos empresarios, no enseña con el ejemplo, porque diciendo que va a acabar con esa injusticia impositiva, toma medidas para favorecerse a sí mismo mediante la reducción de aranceles de importación a ciertos productos que ofrece en su cadena de Supermercados “ 99 ”. Baja de aranceles que ha permitido a la Nestlé importar y poner al borde de la quiebra a los ganaderos y productores de las provincias centrales. Por otro lado, el ministro de Economía, Alberto Vallarino, demagógicamente reconoce que los ricos “ pagamos pocos impuestos ”, pero nos preguntamos: ¿Por qué Vallarino no predica con el ejemplo y devuelve al Erario los $400 millones que le exoneró el gobierno de Martín Torrijos de la venta de Banistmo al HSBC?

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli presentó en febrero del 2010, ante la opinión pública, la segunda fase de su reforma tributaria y de inmediato se inició un debate sobre los efectos positivos o negativos de las mismas.

Al hablar de tributación, se hace referencia a los impuestos que las personas, empresas u organizaciones deben pagar al Estado por diferentes aspectos. Por ejemplo: tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a cabo una actividad, entre otros. Estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos del Estado y con estos, éste realiza las inversiones sociales y de infraestructura, paga sus gastos administrativos y el servicio de la deuda pública.

En nuestro país, los ingresos que recibe el gobierno se dividen en dos: los tributarios y los no tributarios. El 42% de los ingresos que actualmente recibe el Estado panameño provienen de los no tributarios, es decir, vienen de las aportaciones que da el Canal de Panamá, los dividendos de las empresas en las que el Estado tiene acciones, la venta de concesiones, entre otros. El 58% de los ingresos del Estado vienen de los impuestos y esto es lo que reforma la actual ley que se discute.

Cuando se hace una reforma tributaria, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que permitan que ésta se lleve a cabo satisfactoriamente y que se produzcan resultados positivos para la sociedad. Por lo tanto, ésta reforma, para que sea positiva, debe promover una distribución más equitativa de la carga tributaria, mejorar la eficiencia del sistema tributario y generar un adecuado estímulo en la inversión productiva.

El actual sistema tributario panameño tiene distorsiones estructurales y es por ello que actualmente los asalariados pagan proporcionalmente más que las personas jurídicas. Un asalariado que reciba una remuneración mensual de 3500 dólares paga una tasa de impuestos efectiva del 28%, mientras que la actual legislación permite que la actividad bancaria tenga una tasa efectiva del 8%. Esta realidad es única en nuestro continente.

La reforma propuesta por el gobierno aborda correctamente esta distorsión histórica del sistema tributario panameño. Con la actual propuesta los asalariados tendrán una disminución sustancial de sus impuestos. Si usted gana 50,000 dólares anuales, equivalente a 3200 dólares mensuales, su tasa impositiva será del 15% de acuerdo a la reforma. Esto significa un ingreso muy significativo para la clase media panameña.

Por otro lado, al ampliar la base impositiva en las personas jurídicas y elevar la tasa impositiva a los sectores bancarios, aerolíneas, entre otros, se logra nivelar la relación entre el pago que hacen los asalariados y el que hacen las personas jurídicas. Es decir, la reforma logra una mejor equidad en la distorsión estructural del actual sistema tributario panameño.

Otro factor importante de esta nueva reforma es que filosóficamente está concebida para grabar el consumo y no el trabajo. El ITBMS se sube del 5% al 7%, siguiendo la tendencia mundial que indica la efectividad de incrementar los impuestos al consumo sobre los impuestos al salario.

Las empresas que actualmente pagan el 30% tendrán una disminución del 5% en sus impuestos y de igual manera las pequeñas y medianas empresas no tendrán que pagar más el CAIR.

En términos tributarios el sistema tiende a simplificarse y hacerse más eficiente al eliminar una gran cantidad de impuestos improductivos. La simplificación del sistema tributario actual que se logra reduciendo el número de impuestos y eliminando los impuestos de baja recaudación, permitirá incrementar los ingresos del gobierno.

Conceptualmente el proyecto está concebido en la dirección correcta para lograr equidad, eficiencia y coherencia. No hay la menor duda de que, con el debate que se abre, los diferentes sectores de la sociedad tendremos la oportunidad de mejorar la propuesta de gobierno y lograr un avance sustancial en esta materia.

Es importante que el gobierno logre crear un clima político más adecuado, que implica menos confrontaciones y más diálogo, de manera que se permita una discusión equilibrada y objetiva sobre estas reformas.

La utilización de los ingresos que generen estos nuevos impuestos debe ser explicado con mucho detalle por las autoridades panameñas. Además, se requiere del anuncio de medidas que permitan el control del gasto público y de un firme propósito para eliminar gastos superfluos. El Estado tiene que proponer claras medidas de austeridad.

Con este debate el país tiene la oportunidad de volver a enfocarse sobre los temas que realmente nos importan. Dejar a un lado las discrepancias políticas e ir a la búsqueda de las soluciones para los problemas de seguridad, pobreza, marginación, salud y educación.